Un informe de los servicios jurídicos de la Cámara propone una reforma del reglamento con el objetivo de dar una alternativa al funcionamiento tradicional del Legislativo y salvar una eventual parálisis de la primera institución de Galicia que podría derivar de un brote en uno de los grupos.
La propuesta, que ha sido remitida a los grupos de la Cámara, propone incluir la posibilidad de la asistencia telemática y voto delegado para los diputados de la Cámara que "no pudiesen asistir a las sesiones de forma justificadas por encontrarse en una situación epidemiológica que le imposibilite la presencia física en la sesión correspondiente".
Los servicios jurídicos incluyen, así, un cambio en el artículo 84 del reglamento, en el que se recoge la votación de los diputados, modificado en el año 2012 para permitir el voto delegado --o también telemático-- a aquellas personas que se encontrasen en situación de permiso de maternidad o paternidad.
Esta propuesta fue elaborada después de analizar las medidas de este tipo adoptadas en otros parlamentos autonómicos y busca que la fórmula que finalmente pueda adoptarse a través de una reforma puntual del reglamento "encaje en el vigente ordenamiento jurídico gallego y español".
Según han confirmado fuentes parlamentarias, el documento ha sido remitido a los grupos para que se puedan pronunciar sobre ella en la próxima reunión de la junta de portavoces. De ser aceptada por los grupos, con la redacción propuesta o con las modificaciones que "unánimemente" puedan acordarse, la Mesa y la junta de portavoces "asumirían la propuesta para impulsar la tramitación parlamentaria".
"La Mesa, de acuerdo con la junta de portavoces, podrá habilitar excepcionalmente la presencia, el voto delegado, sistemas de videoconferencia o cualquier otro sistema técnico viable y adecuado que garantice, para todos los efectos reglamentarios, la asistencia y participación en las sesiones y en los debates y el ejercicio del derecho de voto", recoge, en su literalidad, la propuesta realizada por los servicios jurídicos, a petición de la junta de portavoces del pasado 15 de septiembre.
Fue el portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, el que suscitó esta cuestión en el órgano que, entre otras tareas, se encarga de organizar el orden del día del pleno. El pasado lunes él mismo confirmó esta preocupación por si se daba un brote en uno de los grupos parlamentarios, una situación que podría llegar a comprometer el desarrollo de la actividad de la cámara, que requiere un quórum mínimo.
A raíz de ello, los grupos se pusieron de acuerdo para que los servicios jurídicos estudiasen una fórmula que permita salvar este escollo en el supuesto caso de que la pandemia u otra situación futura semejante, afecte de plano a la institución del Legislativo.
Durante la primera ola de coronavirus, en que se decretaron las medidas de confinamiento, la Cámara gallega acogió varios debates, pero se encontraba en una situación singular, ya que estaba disuelta por la convocatoria de elecciones del 5 de abril, finalmente suspendida y aplazada para el 12 de julio.
El periodo transitorio hizo que solo quedasen como miembros de la Cámara los integrantes de la Diputación Permanente, un órgano que está 'de guardia' entre legislaturas o en periodos no hábiles. En este caso, la Diputación Permanente se reunión para abordar varias comparecencias del Gobierno gallego, que excepcionalmente se celebraron a puerta cerrada y en el hemiciclo para mantener la distancia de seguridad entre sus señorías.
Este periodo excepcional, con la cámara disuelta pero sin elecciones convocadas, hizo que los servicios jurídicos también se tuviesen que pronunciar sobre las 'capacidades' de la diputación permanente, para habilitar la posibilidad de que funcionase, de forma excepcional, como una suerte de 'pleno' más pequeño, con la posibilidad de acoger más iniciativas que únicamente comparecencias.
Pero finalmente la nueva convocatoria de elecciones paralizó este 'ensayo' de los grupos, después de que los servicios jurídicos se pronunciasen de forma favorable a que este órgano pueda controlar 'de oficio' al Gobierno y tramite iniciativas de impulso --como son las proposiciones no de ley y las mociones--, algo que requería en todo caso el acuerdo político como en su día lo había suscitado la suspensión electoral.
En los argumentos que se incluyen en el documento actual para la reforma del reglamento, los servicios jurídicos recuerdan que en la pandemia, parlamentos y otras instituciones de gobierno están sujetos a las mismas medidas de distanciamiento social que otras organizaciones públicas y privadas. Sin embargo, en tiempos de crisis, "el papel del Parlamento es más vital que nunca para aprobar leyes de emergencia, asignar recursos y controlar la acción del gobierno".