La reunión que han celebrado en la tarde del miércoles Gobierno y agentes sociales para seguir negociando la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) más allá del 30 de junio ha finalizado sin acuerdo y sin fecha para un próximo encuentro, según fuentes de la negociación.
Sindicatos y patronal han presentado al Ejecutivo una propuesta conjunta, consistente en prorrogar los ERTEs hasta el 30 de septiembre, en los mismos términos que en la actualidad, pero el Gobierno no lo ha aceptado.
El Ministerio de Trabajo considera que en la nueva normalidad, sin estar vigente el estado de alarma, no tiene sentido mantener el ERTE de fuerza mayor total, pero sí el parcial, y en esa línea iba su propuesta del pasado lunes.
Sindicatos y empresarios señalan en su propuesta conjunta la necesidad de mantener el Real Decreto de 8 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, por el que los ERTEs se ampliaban hasta el 30 de junio y que fue fruto del diálogo social con el Gobierno.
CCOO, UGT, CEOE y Cepyme defienden que el próximo escenario que se presenta de nueva normalidad "requiere igualmente de medidas laborales y de seguridad social que permitan transitar a empresas y personas trabajadoras con garantías de certeza y seguridad jurídica".
En este sentido, aseguran que estos objetivos se ven cumplidos con la continuidad de las medidas del citado decreto, por lo que piden al Gobierno que lo prorrogue hasta el 30 de septiembre de 2020, respetando aquellas otras vigencias que se establecen en el mismo y que superan esta fecha.
Asimismo, reclaman al Ejecutivo modificar la regulación de la Comisión de Seguimiento tripartita para incorporar la previsión de celebrar una reunión en la última semana de septiembre para evaluar y valorar estas medidas entre julio y septiembre y, en su caso, debatir y proponer aquellas que se consideren necesario establecer para los siguientes meses.
Por otra parte, las organizaciones sindicales y empresariales afirman que todos los aspectos relacionados con la recuperación del empleo "deberán ser objeto de negociación en una mesa específica de diálogo social para la reconstrucción económica" de España.
