Audasa decidirá "en los próximos días" si recurre la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra y que insta a la concesionaria a devolver los peajes cobrados a los usuarios durante las 81 incidencias de tráfico registradas por las obras del Puente de Rande.
Así lo han informado este martes fuentes de la compañía, que, no obstante, ha destacado que la sentencia desestima las pretensiones del Ministerio Fiscal a la hora de reclamar una indemnización por daños y perjuicios por estos hechos, al tiempo que explica que las repercusiones en el tráfico de estas intervenciones fueron "mínimas".
En un comunicado, la concesionaria explica que la sentencia establece que la ejecución de estas obras "no generó demoras superiores a 1 o 2 minutos en la casi totalidad del tiempo en el que se prolongaron" y, con ello, no implicaron "una falta de cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria".
Con ello, el juez señala, explica Audasa, que el tiempo de incidencias es "inferior al 0,3% del sugerido por la Fiscalía" y "las centra exclusivamente en un tramo de menos de 3 kilómetros de longitud".
La ampliación de 4 a 6 carriles del puente de Rande, "no obedeció a ningún capricho banal de Audasa ni del entonces Ministerio de Fomento", si no que "vino motivada por la necesidad de adaptar el tramo de la AP-9 a las circunstancias actuales del trafico rodado que circula por esa ruta", detalla Audasa, que incide en que el fallo "reconoce la intervención del Ministerio de Transportes en favor de la concesionaria en el proceso".
El fallo recuerda también que el índice de siniestralidad en el tramo afectado "se redujo en un 30% en relación con lo ocurrido en los años inmediatamente anteriores y las condiciones de seguridad no se vieron reducidas, sino al revés", destaca Audasa.
En cuanto a la reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios, rechazada en la sentencia salvo casos particulares de algunos usuarios concretos "que puedan acreditar haberlos sufrido", Audasa recuerda que la sala lo descarta "ya que no se ha demostrado en el proceso que ninguna de las incidencias hubiese causado demoras superiores a 17 minutos y "la mayor parte de ellas generó retrasos bastante inferiores".