La jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha dejado "cerca de 24 causas" sin resolver, en su mayoría sobre macroprocesos contra la corrupción política y policial.
Así lo ha constatado este jueves su abogado, Agustín Azparren, quien ha precisado que de un volumen de 80, la jueza cesada por "dilaciones indebidas", ha dejado sin resolver sobre 24 causas.
El abogado de la magistrada ha explicado que "la historia del expediente" por el que De Lara ha sido cesada durante siete meses y un día y que la ha llevado a la pérdida de destino "se inició por la inspección" de los procesos de los que se hacía cargo.
Se nombró a un juez de apoyo para esta inspección y se concluyó que "después de un seguimiento de dos años" --que el abogado niega "que haya existido"-- el proceso determina que De Lara "sigue con las mismas causas". "Se encarga de 80" y después de dos años "sigue habiendo las mismas, sobre 77 o 78".
Sin embargo, "se demuestra a lo largo del expediente" que había "un error, pero no se modifica la sanción", apunta Azparren. "Ahora ha conseguido reducirlas a 24 y en alguna de ellas ha sido recusada", ha añadido.
Por todo esto, considera "dura" la condena impuesta a Pilar de Lara y ha precisado que el Consejo General del Poder Judicial "sanciona a 15 o 20 jueces a lo largo de un año" y en seis años "habrá impuesto sobre 60 o 70 sanciones". "Por este tipo de faltas se producen sobre cuatro" pérdidas de destino y critica que la de la jueza "sea de las máximas sanciones impuestas por este Consejo y por los anteriores también".
Desde esta perspectiva, Azparren no ha dudado en afirmar que De Lara está dispuesta a "agotar todas las instancias" del poder judicial. Aún pendiente del recurso ante el Tribunal Supremo, no descarta que su caso sea un supuesto "perfecto" para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
"No es una jueza que lleve casos normales, era una juez que se dedicaba a perseguir delitos de corrupción política y corrupción policial", ha destacado Azparren.
Por ello cree que el Grupo Europeo de Jueces contra Corrupción, que se integra en el Consejo de Europa, "una de las cosas que dice es que no se lucha contra la corrupción de igual manera cuando el Consejo General del Poder Judicial está nombrado por el Parlamento y no por los jueces".