Galicia es ya el primer territorio de toda España que eleva al máximo rango normativo la protección del derecho al agua frente a la sequía y a situaciones de riesgo sanitario con la entrada en vigor de una ley de medidas de garantía de abastecimiento. Además Galicia también es pionera adaptando la gestión del agua al nuevo contexto de cambio climático.
Esta normativa "refuerza la planificación y la respuesta coordinada de las administraciones públicas frente a los periodos de escasez de precipitaciones" ya que "garantiza agua en cantidades y calidad adecuadas a la población".
Esta normativa apuesta por la "prevención", en cuanto a una "mayor eficiencia y responsabilidad en la gestión y en el uso de reservas hídricas", así como también buscan la "ordenación y delimitación" de los protocolos de actuación que debe seguir cada administración en estas dos situaciones.
De esta manera, la Xunta vela "de forma directa" porque los ayuntamientos garanticen el abastecimiento a la población y refuerzan su labor de "asistencia técnica y financiera a las entidades locales", ha explica.
Lo primordial de la nueva normativa es conseguir "una gestión adecuada de los servicios del ciclo urbano del agua" y busca, entre otras cosas, "situar las fugas de las redes municipales por debajo del 20% en tres años".
Todas aquellas pérdidas excesivas que ocurran después de este periodo contarán con un gravamen disuasorio que se recaudará y destinará a la renovación de la red.
Además, la Administración autonómica ha anunciado que sacará una línea de ayudas para que los ayuntamientos instalen contadores de caudal y tengan una mayor facilidad para disponer de la información necesaria sobre fugas. Estos serán obligatorios tanto en los puntos de captación de agua como en los de subministración final.
El segundo objetivo de esta ley es reducir la vulnerabilidad frente a los episodios de sequía.