El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez por haberse basado en un "informe que todavía no existía" para gestionar la financiación a cuenta de las comunidades autonómas en general y de Galicia en concreto.
A su juicio, el "criterio" seguido por el Ejecutivo central en los últimos días se asentaba sobre un documento de la Abogacía del Estado que "no existía fisícamente" hasta el pasado martes, que fue el momento en el que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, lo recibio en el Ministerio.
Este informe de la Abogacía del Estado "sigue la misma lógica" que el Gobierno de no poder dar la financiación correspondiente a las comunidades autónomas por las condiciones actuales del Ejecutivo, ha asegurado Montero en una entrevista en Onda Cero .
Ante esta situación, Rueda ha reclamado a Hacienda este miércoles en Meis (Pontevedra) convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera para que "explique sus argumentos", "poder analizarlos" y "debatirlos" para encontrar una solución a "un problema muy serio" que afecta a toda la ciudadanía gallega y que precisa de un remedio para poder "prestar servicios públicos fundamentales".
"El tiempo corre cada vez más en contra" de la ciudadanía, ha insistido el vicepresidente al tiempo que ha denunciado que "hasta ahora la postura del Gobierno central" se basaba en un "supuesto informe" que "no existía, por lo menos físicamente" y estaba afectando "a muchas comunidades de todos los signos políticos".
Por otra parte, Rueda ha explicado que "la vía judicial" que ha tomado Cataluña en este sentido es "el último recurso" por el que apuesta la Xunta, ya que considera que "es un tema que se puede solucionar de una forma más sencilla" a la vista de que los "supuestos argumentos jurídicos no eran tales".
Sin embargo, ha reiterado que Galicia "no renuncia a ninguna vía" y considera que la Comunidad catalana "está en su completo derecho de optar" por presentarse ante los juzgados, aunque en la Xunta la "vía política" es la elegida, por el momento, para encontrar una solución "cuanto antes" a la transferencia de los 700 millones de euros.
En este sentido, la Administración autonómica se inclina por comprobar la "voluntad política" que ha manifestado el Gobierno central con la "apelación al diálogo".