El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Coruña ha ordenado que conste en el registro de la propiedad que el Pazo de Meirás, ubicado en el municipio coruñés de Sada, está inmerso en una causa judicial.
Así lo han informado este lunes fuentes judiciales tras admitir a trámite el pasado 12 de julio la demanda presentada por la Abogacía del Estado para reclamar a la familia Franco la devolución del Pazo de Meirás.
Ese mismo día, el juzgado instructor acordó la adopción de las medidas cautelares solicitadas que se refieren, en concreto, a la "anotación preventiva de la demanda en el registro de la propiedad", indican las mismas fuentes judiciales.
Esa medida se produce a raíz de que el Gobierno central ha presentado una demanda judicial contra la familia Franco para reclamar la devolución del Pazo de Meirás. El escrito reclama la propiedad del inmueble para el Estado por su forma de adquisición, su administración mediante fondos y personal públicos, y el uso que se le dio durante la dictadura franquista.
La familia Franco había puesto a la venta el Pazo de Meirás a través de una inmobiliaria cántabra, en la que se ofertaba el histórico inmueble localizado en el municipio de Sada, que fue utilizado como residencia de verano por Francisco Franco, por una cantidad de ocho millones de euros, la misma cifra que se pedía en el primer anuncio que se había publicado unos meses antes.
La denuncia contra los herederos de Franco ha sido presentada el miércoles pasado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Coruña por la Abogacía del Estado, argumentando que la compra del inmueble por parte del dictador en 1941 fue "simulada y fraudulenta", ha explicado el Ministerio de Justicia. El estudio jurídico realizado la Abogacía del Estado ha sacado a la luz un documento que demuestra que Francisco Franco "falseó el título con el que inscribió el Pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad", informó el Ministerio de Justicia.
Los hechos en los que se basa la demanda se remontan al 3 de marzo de 1938, fecha en la que se constituyó la denominada Junta pro Pazo del Caudillo, que estaba integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de Coruña, entre otras autoridades, con el fin de adquirir un inmueble representativo en la provincia para ponerlo a disposición del jefe del Estado para su utilización como residencia veraniega.
El 3 de agosto de 1938 se otorgó la escritura de compraventa entre la entonces propietaria del Pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes (viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán), y la 'Junta pro Pazo del Caudillo', por un precio de 406.346 pesetas.
Esta escritura, desconocida hasta el momento, fue localizada por la Abogacía del Estado en el curso sus trabajos. "La financiación de la compra se planteó inicialmente a través de una suscripción popular, pero, al no dar esta el resultado esperado, se inició un proceso de recaudación forzosa que incluyó la detracción de nóminas de trabajadores y funcionarios, así como la aportación de fondos de las administraciones locales", han defendido.
Desde la fecha de la compra, el Pazo de Meirás fue objeto de numerosas actuaciones y obras, que incluyeron la dotación de infraestructuras y servicios, la expropiación de terrenos, la construcción de carreteras, el amurallamiento y acondicionamiento del recinto, así como otra serie de reformas que "fueron ejecutadas y financiadas en su conjunto por la Administración General del Estado".
Galicia decidió arrancar el proceso de recuperación del Pazo de Meirás en el año 2017. El Parlamento gallego impulsó una comisión de expertos, constituida en noviembre de ese año, para investigar esta posibilidad, presidida por el profesor Xosé Manoel Núñez Seixas y formada por 11 miembros del mundo académico, jurídico y patrimonial. Posteriormente, la Diputación de Coruña encargó un informe jurídico con el mismo fin.
Los participantes en estos grupos de investigación arrojaron conclusiones similares y que sirvieron de base para los trabajos de la Abogacía del Estado: que hubo una "venta simulada" de este inmueble a Francisco Franco, lo que avala la "nulidad" de este contrato, y que el Pazo había sido utilizado como sede de la Jefatura del Gobierno durante mucho tiempo.
El pasado mes de octubre el Gobierno central encargó un informe jurídico sobre la situación del Pazo de Meirás para estudiar la fórmula adecuada para devolverlo a la ciudadanía, con todas las garantías, y evitando que puedan prosperar posibles reclamaciones de la familia Franco.