El balance total de la Operación Chipa supuso la detención de 11 personas, ocho en España y tres en Paraguay, y permitió la liberación de 13 mujeres, diez de Paraguay, una de Nicaragua y otra de Colombia. Una de esas víctimas llegó a España embarazada de cuatro meses y fue explotada sexualmente durante todo el periodo de gestación.
Según explica la Policía Nacional, en cuanto el líder de la organización se percató de su embarazo inició gestiones para que una familia se hiciera cargo del menor en cuanto naciera, pero durante toda la gestación siguió siendo explotada sexualmente.
A principios del pasado mes de abril, la referida operación logró desarticular una organización criminal que se dedicaba, en Santiago de Compostela, a la explotación sexual de mujeres procedentes de Paraguay y que supuso la detención de Juan Pérez Miramontes, expresidente de Xóvenes Agricultores, sindicato agrario gallego próximo al PP que fue disuelto oficialmente por un juzgado en junio de 2016.
La investigación, que se llevó en coordinación con las autoridades paraguayas, se había iniciado tras la denuncia de una de las víctimas, que había desvelado la existencia de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres procedentes de ese país suramericano en pisos de Santiago de Compostela.
Los agentes comprobaron que las víctimas eran captadas en su país de origen debido a su situación de vulnerabilidad y necesidad, al contar con escasos ingresos económicos. Así, se comprobó que en muchas ocasiones ellas eran la única fuente de ingresos en sus núcleos familiares.
Las mujeres viajaban a España bajo promesas de trabajos muy bien remunerados en labores domésticas o cuidado de personas mayores. Para ello, la organización criminal contaba en Paraguay con dos personas encargadas de evaluar a las víctimas y convencerlas de que vinieran a España para poder ayudar a sus familias.
Posteriormente, se dirigían a una agencia de viajes en Ciudad del Este (Paraguay), donde otra persona se encargaba de sacarles los billetes de avión e informarlas de cuál debía ser su comportamiento en el momento de llegar a Europa.
Para evitar sospechas de las autoridades españolas hacían un trayecto más largo y costoso: viajaban de Paraguay a Brasil, desde Sao Paulo llegaban a Italia y, una vez en Europa, se dirigían en avión hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Una vez en Madrid eran recogidas por algún miembro de la organización, que las trasladaban en vehículos de alquiler a los pisos situados en Santiago de Compostela para ejercer la prostitución. Cuando llegaban a los pisos se les retiraba el pasaporte y les informaban de la deuda que habían contraído con la organización, normalmente unos 10.000 euros.
Sobre los 11 detenidos pesan diversas acusaciones, como pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, alteración de la condición de menor y falsedad documental, lo cual ha sido posible al realizar tres registros de entrada en domicilio y uno en la agencia de viajes de Paraguay, interviniendo abundante documentación, teléfonos móviles y un arma de fuego.