El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ha confirmado que la Fiscalía Provincial de Pontevedra está ultimando una demanda colectiva de cesación por el deficiente funcionamiento de la Autopista AP-9 en la zona de Rande.
Del mismo modo que se ha actuado en otras cuestiones como las vinculadas con la defensa de consumidores y usuarios con demandas colectivas frente a empresas suministradoras de bienes y servicios --operadoras de telefonía móvil o de suministro de energía--, por "prácticas abusivas en la facturación", también se procederá en el caso de la autopista.
Así lo ha transmitido Fernando Suanzes en el transcurso de su comparecencia en la Comisión 1ª del Parlamento para presentar la Memoria del Ministerio Público, en la que ha confirmado que el proceso está en diligencias de investigación no penal.
"Está en diligencias de investigación no penal, el objetivo que queremos es formular una demanda colectiva ante Juzgado Mercantil que corresponda, y estamos contentos en eso porque la Fiscalía Provincial de A Coruña ganó pleitos importantes contra Vodafone o empresas de gas o luz", ha explicado al respecto.
DEMORAS JUDICIALES
En su comparecencia, Suanzes ha incidido en la necesidad de continuar avanzando en las medidas necesarias para obtener la eficacia temporal de los procedimientos. Después del "éxito parcial" de la reforma penal del año 2015, ha señalado que los datos "evidencian que en algunos aspectos se mejoran los parámetros de efectividad, pero estas cifras no ocultan problemas estructurales que persisten en el modelo de justicia".
En el año 2017 se tramitaron 136.751 asuntos, un 13,8% menos que en 2016, pero ha advertido que "algunos indicadores, como las tasas de resolución y de congestión, siguen mostrando ineficacia en lo que se refiere a la duración temporal de las causas".
"Los ciudadanos tienen derecho a un proceso judicial que se resuelva en un tiempo razonable. La dimensión temporal de las causas, sin dilaciones indebidas, forma parte consustancial de un proceso justo", ha remarcado.
En este contexto, ha defendido la urgencia de una "verdadera transformación, integral y no coyuntural, de la estructura organizativa y funcional de los órganos judiciales", con una nueva ley de enjuiciamiento criminal y un pacto por la justicia que contemple la dotación de medios humanos y materiales adecuados, que proporcione a los fiscales un mayor protagonismo en la instrucción de las causas.
"OPTIMISTA" ANTE LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
Precisamente, Fernando Suanzes ha hecho hincapié en la demanda de que Galicia cuente con una Fiscalía Anticorrupción, para poder agilizar algunos de los procedimientos "sumamente complejos" que se registran, ante un fenómeno de "delincuencia compleja" que supone un "reto para las fuerzas de seguridad, para las autoridades y administraciones de justicia".
Aunque el pasado año se incoaron 156 procedimientos, con un descenso del 18% , Suanzes ha recordado que la corrupción sigue siendo una de las mayores preocupaciones ciudadanas. Ante el "sentimiento de frustración" o "inquietud en la opinión pública" que se puede generar, ha resaltado que "no hay otro camino para lograrlo que disponer de medios que garanticen una persecución eficaz de la criminalidad organizada".
Ha querido dejar claro, eso sí, que "no existe impunidad" y que el Estado de derecho tienen mecanismos necesarios para ganar "la auténtica carrera de fondo contra la corrupción", remarcando que "los temas de delincuencia económica están debidamente perseguidos". Pese a esto, se ha mostrado "optimista" ante la creación de la Fiscalía Anticorrupción ante una Fiscalía General "propicia".
INCREMENTO DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
En su repaso por la evolución de los delitos en Galicia, el fiscal superior ha apuntado a un incremento del 12% en los ilícitos contra la libertad sexual, con un total de 1.044 casos incoados en los juzgados gallegos, entre ellos, 16 violaciones.
En cuanto al área específica de violencia de género, en 2017 se realizaron 2.371 calificaciones fiscales, un 20% más que en 2016, aumentando todos los parámetros en este ámbito y también en lo relativo a los casos de violencia machista entre menores, con 20 casos en 2017.
Fernando Suanzes también ha alertado del "incremento inquietante" de los casos de agresiones de hijos sobre progenitores, en un 20%. "Un fenómeno que nos preocupa y que debemos abordar entre todos, con la perspectiva de que la vía penal debería ser el último camino", ha subrayado.
En lo que respecta a la seguridad viaria, ha puesto de relieve la creación de un programa específico por parte de la Fiscalía especializada en seguridad vial, con la participación de la Guardia Civil de Tráfico, para seguimiento de "los conductores más peligrosos, los llamados multirreincidentes".
LUCHA MULTIDISCIPLINAR CONTRA LOS INCENDIOS
En el ámbito de los delitos medioambientales, ha insistido en que se trata de "un fenómeno complejo" en el que "no se puede negar intencionalidad por distintos motivos" y ha admitido la dificultad de localizar las pruebas al quemarse en los incendios y a discernir entre intención o negligencia.
"La lucha contra incendios exige un tratamiento multidisciplinar", ha asegurado, abogando por impulsar la rentabilidad y sostenibilidad del medio ambiente, puesto que "el efecto disuasorio de las penas" no es suficiente al igual que "no lo es con las drogas".
DELINCUENCIA INFORMÁTICA
En su comparecencia, también ha alertado del aumento de los delitos informáticos, con una subida del7,2%, hasta los 527 asuntos, con un aumento del 47% en las coacciones a través de las TIC, alcanzando los 59 casos. Sin embargo, ha puesto el acento en el hecho de que solo se denuncia "el 10% de los casos cometidos".
"Debe preocuparnos y exige adecuada respuesta de los poderes públicos" ante los delitos de las nuevas tecnologías, paralelamente a "una necesaria" y constante actualización.
INSTA A LOS POLÍTICOS A IMPULSAR EL GALLEGO EN LA JUSTICIA
Tras su primera intervención, el diputado del BNG Xosé Luis Bará Torres le ha cuestionado sobre la polémica renovación del CGPJ, la "falta de independencia" del poder judicial, los retrasos en la justicia que causaron "linchamientos" como el sufrido por el exdiputado nacionalista Fernando Blanco, o el "apartheid lingüístico" que sostiene que existe en la Justicia con el idioma gallego.
Fernando Suanzes, que ha rechazado realizar valoraciones sobre la imagen de la justicia y remitió a preguntar cuestiones de este calibre a la Ministra de Justicia, ha replicado que en cuanto al uso del gallego se puede "mejorar", "incentivar la actuación en los tribunales" pero que es "el Parlamento gallego, el Gobierno gallego", el que tiene que activar medidas para promover el gallego en la administración judicial.
Desde las filas del PSdeG, la diputada Patricia Vilán Lorenzo, que también había reclamado que se "incentivase" el uso del gallego, denunció la escasez presupuestaria de Fiscalía en Galicia y sin incrementos en el personal funcionario.
Por su parte, el diputado de En Marea, Luis Villares, ha alertado de que se está "produciendo una pérdida de oportunidad para perseguir" delitos económicos ante la falta de medios y ha cuestionado sobre la existencia de suficientes medios a nivel institucional para luchar contra la violencia de género.
Por su parte, la diputada popular Paula Prado, ha dirigido sus críticas a la intervención del representante del BNG, al que le ha afeado que se hable de "linchamientos políticos" en referencia a Fernando Blanco. Ha recordado que el propio presidente de la Xunta lo llamó tras archivarse su causa, algo que no ha hecho la oposición, lamentó, con representantes del PP como José Manuel Rey o ella misma.