El histórico narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, se encuentra ya en la Audiencia de Pontevedra para ser juzgado por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, un delito por el que la Fiscalía solicita seis años de prisión y una multa de 10 millones de euros.
Custodiado por agentes de la Policia Nacional, Sito Miñanco entró a las diez en punto de la mañana por la puerta principal del Pazo Provincial, visiblemente delgado y abrigado con cazadora.
La llegada de Sito Miñanco a los juzgados ha coincidido también con la entrada en la Audiencia de Feliciano Miguel Rosendo, el líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, conocida como Orden de los 'Miguelianos', acusado de una veintena de delitos por los que afronta una condena de 66 años de prisión.
El abogado de Sito Miñanco, Gonzalo Boye, ha explicado que en la jornada de este jueves, "básicamente, se van a plantear las cuestiones previas" y, una vez que se hayan resuelto o se postergue su resolución a la sentencia, empezará la práctica del interrogatorio a los acusados, empezando por el propio Prado Bugallo, que tiene previsto declarar. "Claro, no tiene por qué no declarar", ha zanjado.
SUSPENDIDA DESDE MARZO
El pasado marzo se suspendió la vista después de que los abogados solicitasen la recusación de dos de los tres magistrados que integran el tribunal, al entender que estaban "contaminados" por haber tomado decisiones sobre esta causa en el pasado y que no podría garantizarse su imparcialidad. Esta petición, sin embargo, fue rechazada posteriormente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que decretó la reanudación del juicio.
Gonzalo Boye ha apuntado que "cuando transcurren más de 30 días el juicio no tiene efectos legales" y, por lo tanto, tendrá que volver a plantear las cuestiones previas.
Junto a Sito Miñanco se sentarán en el banquillo de los acusados otras cuatro personas, su primera esposa, una de sus hijas, su excuñada y un empresario que según el fiscal, habría actuado como testaferro del narcotraficante pontevedrés.
La Fiscalía les acusa de blanquear entre 1988 y 2007, a través de la inmobiliaria San Saturnino, diez millones de euros mediante la adquisición de bienes inmuebles en diferentes municipios de la provincia, entre ellos Pontevedra, Cambados o Sanxenxo.