Los agentes de la Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Tesorería General de la Seguridad Social, han destapado un fraude de 15.779.320 euros cometido por varias mercantiles investigadas en las provincias de Toledo, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla y Valencia.
Los agentes han revisado y analizado 32 expedientes que afectan a diferentes empresas y como consecuencia han sido investigadas 43 personas como presuntas responsables de delitos contra la Seguridad Social, fraude de prestaciones, falsedades documentales, frustración a la ejecución, estafa, blanqueo de capitales y malversación.
Las investigaciones comenzaron a finales del año 2016 cuando fueron remitidos distintos escritos de denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional, junto con la diversa documentación solicitada por esta unidad policial.
Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, los investigados han resultado ser principalmente los responsables de las mercantiles, pero también sus testaferros, algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia o familiares de los primeros.
En todos los casos los agentes han realizado un informe patrimonial de las personas implicadas con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno, o que el juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades.
EMPRESARIO DEPOSITARIO
Entre los arrestados hay un empresario que fue nombrado depositario de los bienes embargados por las deudas que mantenía con la Tesorería General de la Seguridad Social, que en la actualidad superaban los 120.000 euros y que estaban depositados en el establecimiento hostelero de su propiedad.
Cuando se requirió al empresario la puesta a disposición de los bienes embargados, incumplió sus obligaciones como depositario obviando el requerimiento.
Además, para evitar las responsabilidades penales decidió efectuar hasta tres denuncias ante la Policía en las que narraba una serie de hurtos y robos en su establecimiento, y que coincidían con las fechas de las notificaciones y de todos los bienes que ya figuraban embargados por ese mismo organismo.