La justicia gallega arrancará una nueva semana con huelga, a la espera de ver qué sucede este lunes en la reunión que ha sido convocada por la Xunta en la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) con el fin de intentar desbloquear un conflicto que en las últimas semanas se ha ido enquistando y en el que las partes reconocen posturas "muy alejadas".
Aunque en principio prevén acudir a la EGAP, los sindicatos no son muy optimistas con este encuentro y creen que las expectativas "son malas". Y es que la Xunta, aunque se muestra abierta al diálogo, ha advertido que no modificará la última oferta retributiva que dejó sobre la mesa y que el comité de huelga (en el que están representados los siete sindicatos del sector) tildó de "ridícula".
Si se cumple el guión de los últimos encuentros, en la que será novena jornada de huelga efectiva, los directores xerais de Función Pública, José María Barreiro, y de Xustiza, Juan José Martín, acudirán a la negociación.
Los sindicatos han demandado que vaya el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ya ha descartado acudir y ha subrayado que los negociadores habituales están "capacitados" para alcanzar un acuerdo.
En este contexto, sobre la mesa se mantienen cinco reivindicaciones: la cuestión retributiva, la "discriminación" en las bajas por incapacidades temporales (IT) en relación con otros compañeros, las amortizaciones, la consolidación de empleo y el cobro por la sustitución de compañeros de rango superior.
OFERTA DE LA XUNTA Y CONTRAPROPUESTA
En concreto, la nueva oferta económica que el Gobierno gallego trasladó a los sindicatos mejora la última planteada por la Administración "en una media de un 20 por ciento" (con leves variaciones según el aumento se refiera al cuerpo de gestores, de tramitadores o de auxilios del sector judicial).
Es decir, si en la última propuesta el Gobierno gallego planteaba un incremento del complemento autonómico transitorio de entre 660 y 900 euros al año --en función del cuerpo--, el pasado lunes puso sobre la mesa una subida de entre 816 y 1.080 euros al año. La aplicación sería el 50 por ciento en 2019 y la otra mitad, en 2020, en vez de en tres anualidades.
El comité de huelga, por su parte, plantea ahora una subida lineal para todos los cuerpos de 225 euros al mes, a la que se llegaría en 2020 porque se aplicaría en tres anualidades.
Así, los sindicatos piden un aumento en el complemento autonómico de 100 euros en 2018, a los que habría que sumar 75 euros en 2019 y otros 50 euros en 2020. El Ejecutivo autonómico mantiene que esta subida de "2.700 euros al año" que demanda el comité es "inasumible", y también rechaza la cláusula de revisión automática a partir de 2021 que incluye la contraoferta sindical.
OTRAS PETICIONES
Además, el comité de huelga, en una nota difundida en blogs del sector judicial y para informar a los trabajadores, hizo un análisis de la situación de las reivindicaciones que han conducido a la primera huelga indefinida en la justicia gallega, con la vista puesta en el próximo encuentro.
Así, al margen de la subida retributiva, han apuntado, en lo que respecta a los refuerzos, que la Xunta, "por exigencia del comité", se comprometió a llevar a la próxima reunión "una relación completa y actualizada de los refuerzos que tienen más de tres años" y una propuesta "concreta" de "dónde se crearán las plazas que se consolidan, qué servicios y en qué localidades".
El compromiso, subraya el comité, se extendió a que estas plazas se creen y salgan en este concurso de 2018.
Para poder cerrar el punto relativo a las amortizaciones, los sindicatos exigen: la "paralización" de la amortización de las plazas que tenían pendientes y están ocupadas; sobre las plazas que aparecen en la relación de amortización y que quedaron vacantes y no salieron los concursos porque "las querían amortizar", se deben "desbloquear y sacar a concurso en 2018"; y en cuanto a las plazas ya amortizadas, un compromiso de crearlas en el mismo número para el concurso de 2019.
SUSTITUCIONES E IT
En cuanto a las sustituciones, el comité de huelga pidió que, una vez que se redacte la nueva normativa, las sustituciones se cobren con efectos retroactivos del 1 de enero de 2018. Sostiene que los negociadores de la Xunta pidieron unos días para valorar esa posibilidad y tener la conformidad de Facenda.
En la "discriminación" por los descuentos en las bajas a causa de incapacidades temporales (ITs), igual que trasladaron en la rueda de prensa de este lunes, los sindicatos constatan que no hay "ningún avance".
Apuntan que la Xunta "sigue insistiendo en que está pendiente que el Ministerio de Hacienda elimine la penalización por las bajas temporales" y, en el caso de que no sea así, se compromete a crear una mesa de trabajo.
Para las organizaciones sindicales, cualquier acuerdo está "supeditado" a que la regulación sobre ITs sea "idéntica" a magistrados, fiscales, letrados judiciales, y otros compañeros de comunidades como Aragón, Navarra o del 'Territorio Ministerio' --que agrupa las comunidades que no tienen descentralizadas las competencias--.