Los efectos de la primera huelga indefinida de la justicia en Galicia ya se hacen sentir en los juzgados de la comunidad, con "cientos" de juicios suspendidos que podrían "llegar a miles" si el paro continúa en los próximos días y no se soluciona el conflicto. El seguimiento, según fuentes sindicales consultadas por Europa Press ronda un 90 por ciento de media en la comunidad.
En concreto, fuentes del comité de huelga han concretado que el porcentaje de trabajadores públicos del sector judicial autonómico que la secundan se sitúa entre el 85 por ciento y el 94 por ciento en las ciudades.
Por ejemplo, en Lugo, Ferrol y A Coruña es del 85 por ciento, en Santiago rondaría el 90 por ciento, mientras que en Ourense superaría el 93 por ciento, y en Vigo y Pontevedra estaría sobre el 94 por ciento. Además, los funcionarios judiciales han protagonizado concentraciones ante los juzgados de las ciudades.
En la de Santiago, donde ha participado en torno a un centenar, el coordinador de SPJ-USO en Galicia, Manuel Tejada, ha explicado a los medios de comunicación que los datos de los juicios suspendidos todavía están pendientes de recopilar, pero asegura que serán "cientos" este miércoles y alcanzarán los "miles" si no cesa la huelga.
Y es que los servicios mínimos, que "se están cumpliendo", ha asegurado, se centran en las cuestiones urgentes pero no atienden a tramitación ordinaria. Por ejemplo, en los registros civiles sólo se están realizando los trámites de registro de nacimiento y las licencias para enterramiento al considerar que son dos servicios claves y esenciales para la ciudadanía.
UNOS 2.500 TRABAJADORES AFECTADOS
Tejada ha pedido reflexión a la Xunta y ha censurado las "mentiras" de la Administración autonómica ante el conflicto. En el foco de los sindicatos representados en el comité de huelga, los siete del sector, están las declaraciones realizadas por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del máximo mandatario autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que ven indignantes.
El conflicto afecta a unos 2.500 trabajadores ligados al sector judicial gallego y se asienta en cinco reivindicaciones. Hubo avances en las ligadas a la consolidación de empleo, amortizaciones y cobertura de compañeros de rango superior, pero se han enquistado los puntos relativos al apartado retributivo y a la "discriminación" que, según los sindicatos, sufren los funcionarios que dependen de la Administración autonómica en las bajas por incapacidad temporal.
PROPUESTA DE LA XUNTA
La Xunta mantiene que el aumento salarial del complemento transitorio que demanda el comité de huelga y que cifra "en unos 3.000 euros al año" por trabajador público es "absolutamente inasumible" para las arcas públicas gallegas, e insiste en que la propuesta autonómica sitúa las retribuciones de los funcionarios judiciales de la comunidad "por encima de la media".
En concreto, la Xunta plantea un incremento de 75 euros al mes (900 euros al año) para los gestores; 62 euros al mes (744 al año) para los tramitadores; y 55 euros al mes (660 al año) para los auxilios. Eso sí, el incremento, que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2019, se aplicaría en tres anualidades.
Además la propuesta recoge que este aumento en el complemento es compatible con mantener el concepto retributivo de 'IPC gallego', que ya perciben los funcionarios por trabajar en la administración autonómica gallega y que supone en torno a 9 euros al mes para los gestores; 8 euros al mes para los tramitadores; y 7 euros al mes para el cuerpo de auxilios.
A los sindicatos no les satisface la propuesta económica, ni tampoco el hecho de que se posponga el arranque de su aplicación hasta el 1 de enero de 2019. Además, inciden en que el hecho de que se realice en tres anualidades supondría que no cobrarían el total comprometido hasta 2021. En palabras de Tejada, la oferta "generosa" que defiende la Xunta, es en realidad "pírrica".
Enfrente, el Gobierno gallego dice que una aplicación inmediata de un incremento podría contravenir la normativa básica (la Ley de los Presupuestos Generales del estado) y no se puede formalizar. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, subrayó este mismo miércoles que sería "ilegal" aplicarla este año.