La Xunta ha aprobado la orden por la que se determinan los servicios mínimos esenciales ante la convocatoria de huelga indefinida en los centros de trabajo de la administración de justicia en Galicia a partir del 7 de febrero. Los sindicatos han avanzado que los recurrirán por considerar que "son totalmente injustificados".
"Hay juzgados, como por ejemplo en A Fonsagrada o Becerrerá, que tendrían que tener más funcionarios de los que ahora tienen para poder cumplir estos servicios mínimos", ha asegurado este viernes el sindicalista Manuel Díaz, que ha atendido a los medios en representación de los sindicatos SPJ-USO, AXG-CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO tras reunirse con los grupos de En Marea, PSdeG y BNG.
Asimismo, ha criticado que tampoco "tienen nada que ver" con los servicios mínimos decretados para los anteriores paros realizados los días 1 y 3 de diciembre y el 25 de enero. "Los aumentaron de forma totalmente injustificada", ha señalado para defender que la "jurisprudencia tanto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) como las sentencias del Tribunal Supremo (TS) no los amparan".
Por su parte, la Xunta, que lamenta que los sindicatos rechazasen la propuesta y abandonasen la reunión celebrada este viernes sin ofrecer "ninguna alternativa", ha justificado la necesidad de estos servicios mínimos en "aras" de "asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la administración de justicia y garantizar su actividad para que la huelga no cause prejuicios a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos".
En concreto, en una nota de prensa, el Gobierno gallego expresa que la "necesaria conciliación" entre el ejercicio del derecho constitucional a la huelga y el mantenimiento de los servicios esenciales "obliga" a la Xunta a "fijar unos servicios mínimos indispensables" para "garantizar el servicio público".
Además, precisa que para su aprobación se tuvo en cuenta "la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del TS existente en la materia, así como los distintos procedimientos del TSXG".
CONDICIONES
Según indica el Gobierno gallego, "deben garantizarse los medios" para los actos necesarios del Regristro Civil; las actuaciones que afecten o puedan afectar a la libertad de las personas tales como las causas con preso; las medidas precautorias o provisionales en materia de familia, violencia sobre la mujer o libertad provisional; asi como las actuaciones sometidas a plazo perentorio o a un plazo cuyo incumplimiento pueda suponer una pérdida de derechos o un perjuicio irreparable en estos.
Y también para que "se puedan realizar en cualquier situación" las cuestiones "declaradas urgentes por las leyes procesales y las actuaciones en los juzgados y fiscalías de guardia y de los servicios de guardia del Imelga".
Estos requisitos mínimos son rechazados por los sindicatos, que inciden en que estos servicios mínimos "conllevan a que haya algún órgano judicial en el que tendría que estar trabajando más gente de la que hay en plantilla".
ACUSAN A RUEDA DE MENTIR
Manuel Díaz ha atendido a los medios en representación de los siete sindicatos del Comité de Huelga acompañado por representantes de todos los partidos de la oposición, como Luís Villares (En Marea), Patricia Vilán y Gonzalo Caballero (PSdeG) y Luís Bará (BNG).
En su intervención, el sindicalista ha acusado al vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, de "engañar a la ciudadanía" y de adoptar una actitud de "irresponsabilidad total más propia de un niño pequeño que de un conselleiro".
Así, en primer lugar, ha censurado que el vicepresidente sacase las negociaciones del Consello Galego de Relacións Laborais (CGRL), en donde las partes dialogaban con "luz y taquígrafos" con la mediación de la presidenta de este órgano. "El señor Rueda está hablando continuamente de una reivindicación salarial y es falso", ha indicado.
De este modo, ha explicado que los sindicatos tienen cinco reivindicaciones que se tiene que "negociar en su conjunto". Estas peticiones, según ha indicado, pasan por eliminar los descuentos que se le hace en Galicia, a diferencia de en otras comunidades, a los trabajadores por enfermedad transitoria; la cobertura de plazas de refuerzos o una subida salarial.
En este último punto, han asegurado que Rueda ofrece a los trabajadores un incremento "impresentable" de "15 euros al mes por funcionario". "Es totalmente impresentable, son entre 200 y 300 euros por año y Rueda lo está multiplicando por tres, al decir que nos ofrece entre 600 y 900", ha denunciado.
Con todo, Manuel Díaz ha dejado claro que los sindicatos están dispuestos a negociar "hasta el día 7" y ha lamentado que la actitud de Alfonso Rueda pueda causar un "mal muy grande a la sociedad gallega" y a los "profesionales de justicia" por su "irresponsabilidad".