El vicepresidente de la Xunta y responsable autonómico del departamento de Xustiza, Alfonso Rueda, aún confía en poder negociar un acuerdo que evite la huelga indefinida convocada para el sector judicial a partir del 7 de febrero. Eso sí, si se produce, ha avanzado que la Xunta activaría medidas para evitar "una paralización" de los juzgados.
Tras el Consello de la Xunta, que ha presidido este jueves dada la ausencia de Alberto Núñez Feijóo, de viaje en Israel, el vicepresidente ha preferido obviar el fracaso de la reunión de la pasada jornada, que acabó con un encierro de unas horas del comité de huelga en dependencias de la Dirección Xeral de Xustiza.
Si hubiera que "interpretar" esta actitud de los representantes sindicales, Rueda ha afirmado que "habría que pensar que la huelga es inevitable", pero se ha negado a aceptar esta visión y aún ve posible reconducir el conflicto. Eso sí, ha rechazado que se afirme que la Xunta "no tiene propuesta" o que cada una que presenta en la mesa de negociación "empeora" la anterior, como dicen los sindicatos.
En este sentido, se ha reafirmado en que tres de las cinco demandas que han puesto sobre la mesa (relativas a la consolidación de empleo, a las amortizaciones y a la compensación por la cobertura del puesto de un compañero) están "solucionadas".
Quedarían pendientes las reivindicaciones de "igualdad de trato" con el resto de funcionarios judiciales (que no dependen de la Administración gallega) en las bajas por incapacidad temporal y una subida a través del complemento autonómico transitorio.
Respecto a la cuestión retributiva, Rueda ha insistido en que hay una propuesta de la Xunta que sitúa a los funcionarios judiciales gallegos "por encima de la media" estatal y supone "una mejora sustancial". Una propuesta "sobre la que se puede negociar", ha remarcado, al tiempo que ha advertido, eso sí, que el Ejecutivo autonómico no asumirá la demanda "de una subida de 3.000 euros (al año) por funcionario".
"AÚN HAY POSIBILIDADES"
"Esa fue la última que hicieron y nuestra negativa motivó que se levantasen de la mesa", ha esgrimido Rueda, quien ha garantizado, cuando aún hay que concretar los servicios mínimos, que si hay huelga, "la Xunta activará medidas para que se proporcione no un servicio normal pero sí que evite que se paralice la administración judicial".
"Es nuestra obligación y lo haremos, pero esperemos que no haga falta porque aún quedan unos cuantos días para arreglar la situación", ha aseverado, al tiempo que, preguntado acerca de si el Gobierno convocará algún nuevo encuentro, ha precisado de que "no se trata de quién convoque a quién", sino de que las negociaciones sigan "abiertas".
"Creo que aún tenemos posibilidades y que los sindicatos saben que es factible llegar a un acuerdo", ha zanjado.
ENTRE 660 Y 900 EUROS AL AÑO DE SUBIDA
En la propuesta difundida por la Administración gallega se contempla un incremento retributivo de 75 euros al mes (900 euros al año) para los gestores; 62 euros al mes (744 al año) para los tramitadores; y 55 euros al mes (660 al año) para los auxilios. El incremento, que tendría efectos a partir del 1 de enero de 2019, se aplicaría en tres anualidades.
Además la propuesta recoge que este aumento en el complemento es compatible con mantener el concepto retributivo de 'IPC gallego', que ya perciben los funcionarios por trabajar en la administración autonómica gallega y que supone en torno a 9 euros al mes para los gestores; 8 euros al mes para los tramitadores; y 7 euros al mes para el cuerpo de auxilios.
En cuanto a las bajas laborales y la "discriminación" por el descuento salarial con respecto a otros funcionarios judiciales que no dependen de la Administración gallega, la Xunta se compromete a crear un grupo de trabajo específico, en el que se tratará la ampliación de los supuestos excepcionales hasta ahora previstos, en el marco establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
NUEVAS PLAZAS Y REFUERZO EN JUZGADOS DE VIOLENCIA MACHISTA
En el resto de puntos --equiparación en el salario por sustituir a compañeros, estabilización laboral y creación de nuevas plazas fijas en relevo de las que estaba previsto suprimir--, el Gobierno gallego defiende, como remarcó este mismo jueves, que en su día ya hubo acuerdo, aunque los sindicatos discrepan.
Así, además de la propuesta económica, la Xunta subraya en su "documento de cierre" que también propone crear 43 nuevas plazas: 36 de consolidación y siete de psicólogos, además de ofrecer mejoras adicionales en materia de violencia machista.
Estas mejoras pasan por la creación de siete plazas de psicólogo para los servicios de atención a las víctimas existentes en las siete ciudades gallegas; y el refuerzo de personal en los juzgados de violencia sobre la mujer en aquellos casos en los que sea necesario por su carga de trabajo.
También por fijar un complemento lineal por objetivos ligados al trabajo en violencia machista, que se traducirá en el pago de una cantidad a los funcionarios de los juzgados de violencia de entre 50 y 100 euros al mes, en función del tipo de juzgado.