La Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta no concederá días de asuntos propios ni de vacaciones en febrero al personal de justicia, al tiempo que revoca los ya aprobados, ante la amenaza de huelga indefinida desde el próximo día 7.
En una instrucción con fecha del 29 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press, Xustiza justifica esta decisión, "absolutamente excepcional", por una serie de "movimientos de personal" en la Administración de Justicia, que se unen a la previsión de huelga indefinida, "lo que sin duda puede provocar una afectación muy significativa perjudicial al funcionamiento del servicio público", así como a los "derechos de la ciudadanía".
El documento, firmado por el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, achaca esta decisión a la entrada en funcionamiento de cuatro nuevos órganos judiciales, a la desocupación de plazas de los comisionados para los nuevos juzgados, a la resolución del concurso de traslados en el que 163 funcionarios cambiarán de puesto de trabajo y al procedimiento de provisión de los puestos desocupados que dejan los concursantes.
Precisamente, la última protesta del pasado 25 de enero supuso una paralización generalizada en la justicia gallega, con una suspensión de numerosos juicios debido a una jornada de huelga convocada por los sindicatos que representan a estos empleados públicos.
Ese día los sindicatos hablaban de un seguimiento de la jornada de huelga del 95%, en un porcentaje que la Xunta reducía al 42%, dado que entre los empleados que se ausentaron de su puesto de trabajo ese día no computaba a 756 personas con una ausencia justificada (por asuntos propios, vacaciones o bajas por enfermedad).
Tras ello, llega esta resolución por la cual, "por norma general", en febrero no habrá días de asuntos propios ni vacaciones para ningún empleado de justicia.
REUNIÓN EL MIÉRCOLES
La Xunta ha convocado al comité de huelga del personal de justicia a una nueva reunión, que tendrá lugar el próximo miércoles, 31 de enero, con el objetivo de llegar cuanto antes a un acuerdo, siempre y cuando "este respete la legalidad vigente".
El Gobierno gallego sostiene que ya se ha llegado a consenso en "varios aspectos de la negociación, que redundan en mejoras tanto para los propios trabajadores como en la prestación de servicios a la ciudadanía". En concreto, se llegó a consenso en tres de los cinco asuntos que estaban sobre la mesa, y ahora queda la principal diferencia en la cuantía salarial.
La Xunta realizó una oferta económica que "iguala al promedio de los restantes territorios y que mejora las condiciones salariales de los trabajadores con respecto a comunidades como Cataluña, la Rioja, Aragón, Baleares, Murcia, Extremadura, Castilla y León o Castilla-La Mancha". Por su parte, las organizaciones sindicales reclaman una subida salarial de 270 euros al mes, esto es, entre el 12 y el 16%, algo "inasumible para las arcas públicas".