El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, y el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, han mantenido este viernes un encuentro en Santiago de Compostela donde han acordado defender un nuevo modelo de financiación autonómica "pensado para las personas y no para los territorios".
Ambos dirigentes han coincidido en la defensa de los principios constitucionales de igualdad y equidad para "todos" los españoles, que permiten "garantizar su derecho a contar, vivan donde vivan, con los mismos servicios públicos", ha informado el PP extremeño en nota de prensa.
A su juicio, estos principios son "fundamentales" para los intereses de las comunidades autónomas de Galicia y Extremadura y "deben ocupar un lugar preferente" en la negociación para "evitar perjudicar gravemente" a ambas regiones.
Sobre este asunto, Monago y Feijóo han exigido al Partido Socialista que "abandone la defensa del principio de ordinalidad" porque "supondría primar a las comunidades autónomas más ricas en detrimento de las que tienen un nivel de desarrollo menor".
Así mismo, han considerado que esto "afectaría de forma irreversible" el principio de solidaridad recogido en el artículo 2 de la Constitución, al "mismo nivel" que en la indisoluble unidad de la nación española y la autonomía de regiones que la integran.
Dispersión y envejecimiento
También han coincidido los dirigentes del PP extremeño y gallego en que la dispersión geográfica y el envejecimiento poblacional son dos variables que deben tener más peso en el nuevo modelo de financiación.
Para ambos, el nuevo modelo ha de velar por "una nivelación plena" de los servicios, "condición irrenunciable para asegurar que los ciudadanos, independientemente de dónde residan, sean tratados de igual modo por el sector público".
Por último, Monago y Núñez Feijóo han hecho extensivo este acuerdo al resto de comunidades autónomas que compartan estas necesidades para "ir de la mano" en la futura negociación del modelo de financiación autonómica y han mostrado su deseo de que el resultado sea "satisfactorio para los 47 millones de españoles y no solo para algunos territorios".