El BNG impulsará una ponencia en el Parlamento para "abrir el debate" sobre "la capacidad de decidir" de los gallegos, con el objetivo de avanzar hacia un "nuevo estatus" que reconozca a Galicia como nación. Así lo ha anunciado la portavoz nacional, Ana Pontón, durante un acto político para conmemorar el aniversario del plebiscito del Estatuto de 1936.
La declaración política del Bloque este 28 de junio de 2017 plantea un decálogo que presentará tanto en la Cámara gallega como a los agentes económicos, sociales y culturales del país, cuyo primer punto es el relativo al reconocimiento como nación "y por tanto del derecho de autodeterminación".
Pontón ha subrayado la necesidad de avanzar "y tener nuevas herramientas" para dar solución a los problemas actuales, y ha lanzado esta propuesta "desde la generosidad", pero "sin renunciar a nada".
Con el horizonte "estratégico" de lograr la "plena soberanía", la líder nacionalista ha abogado por ir "paso a paso", en un camino en el que, según ha destacado, Galicia "necesita unión" y "nuevos instrumentos" para luchar contra la globalización.
Así, ha apostado por dejar "atrás" las "estrecheces del autonomismo", así como el "corsé" impuesto a las "naciones sin estado". Obligados a "mover ficha" y "hacer algo distinto", ha considerado que este es "el momento oportuno" para "decisiones valientes", puesto que se da un "fin de ciclo" de un régimen "corrupto" y que "no garantiza los derechos fundamentales" de todos los ciudadanos.
Para Pontón, de hecho, la corrupción está presente "de arriba a abajo" en el actual régimen, ante lo que el pueblo gallego, ha resaltado, está "harto".
Frente a esto, ha identificado "un futuro si se confía en las capacidades y potencialidades" de Galicia, y ha valorado que está "todo por ganar" si se da "un paso adelante como pueblo".
Decálogo para un nuevo modelo
Los diez principios para un nuevo modelo político e institucional que ha presentado este miércoles el BNG pasan por el mencionado "reconocimiento de Galicia como nación", en primer lugar, y la capacidad de decisión "plena" en la base productiva y económica del país para desarrollar una política de promoción económica y de empleo "adecuada", en segundo término.
Después de estos dos puntos, referidos a política y economía, el decálogo del Bloque se refiere al apartado de la financiación, en el que exige un sistema "propio, solidario y justo", que garantice la plena capacidad de Galicia "para implantar una política fiscal propia, desde la regulación hasta la recaudación y gestión integrada, a través de una hacienda gallega".
En cuarto puesto sitúa los servicios públicos, derechos sociales e igualdad, y reclama la enseñanza, la salud, la vivienda, el acceso a la energía y las pensiones "como derechos con obligación de garantía pública". En este ámbito, pide el ejercicio "en exclusiva" de la planificación, dirección y gestión, entre otras cuestiones.
Sobre la administración gallega, pone sobre la mesa el diseño y articulación de un modelo administrativo "propio y adecuado a la realidad gallega en la ordenación territorial y en la estructura administrativa e institucional de Galicia", con eliminación de las provincias y de su referencia como circunscripción electoral, así como la desaparición de las diputaciones. En su lugar, propone la estructuración a partir de los ayuntamientos y las comarcas.
La lengua exige, para el Bloque, el desarrollo de una política "que tenga como objetivo la plena normalización social" del idioma, "garantizando la recuperación de hablantes para el gallego y los derechos individuales y colectivos de todas las personas".
En materia de transportes, seguridad pública y viaria, solicita la asunción "de todas las competencias" en el primer campo y, por tanto, también de todas las infraestructuras públicas, entre las que cita las viarias (AP-9, AP-53), ferroviarias, puertos y aeropuertos. Plantea la creación de un ente ferroviario gallego para articular la red interior y de proximidad y asumir "con un cuerpo propio" la seguridad pública y de tránsito.
Los nacionalistas quieren la "adecuación" de la administración de justicia, "contemplando un poder judicial propio para Galicia que será la última instancia judicial" en el país. Indica, al respecto, que "el Tribunal Constitucional dejaría de ejercer funciones sobre Galicia, trasladando los conflictos de competencias a soluciones arbitrales a través de órganos políticos bilaterales".
Para el desarrollo sociocultural y la sostenibilidad, señala al impulso de la cultura, la educación y la innovación "como factores estratégicos de cohesión y desarrollo social y económico". Aspira al cuidado del medio ambiente y del territorio "diseñando una estrategia de desarrollo sostenible" y llama también a un acuerdo nacional por el monte gallego, así como al saneamiento integral de las rías y anulación de la prórroga a Ence.
Por último, en lo referente a Galicia en el mundo, apunta al desarrollo de relaciones internacionales propias "en función de los intereses políticos, económicos y comerciales de Galicia", y apuesta por "garantizar la capacidad de intervención y decisión en las instituciones estatales, europeas e internacionales" en los asuntos que afectan al país.