Lo que viene siendo habitual en la Cámara gallega se ha repetido este martes: la división en dos bloques. El del grupo que apoya al Gobierno autonómico y toda la oposición del Parlamento. Así, pendientes de que se registre una nueva iniciativa, concluyó la votación para crear una comisión de investigación sobre los contratos públicos suscritos con el grupo de empresas de Villar Mir. Una moción presentada conjuntamente por En Marea y Bloque, que insistieron -sin aportar ni una sola prueba- sobre la sospecha de corrupción. El PPdeG, que denunció que lo que se pretendía era "extender la tinta de calamar", vetó la iniciativa de los dos grupos. Sin embargo, un desconcertante PSdeG respaldó la propuesta, no sin antes acusar a En Marea y BNG de "falta de rigor" en su argumentación. Algo que ha llamado la atención en la sesión de este martes ha sido el giro del PSdeG. Hace tan solo siete días, el portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, rechazaba extender "un manto de sospechas sobre cualquier tipo de actividad empresarial" y mencionaba "fabulaciones".
Toda la oposición en el Parlamento gallego, incluido el PSdeG, ha pedido en el pleno la creación de una comisión de investigación sobre las autorizaciones, contratos, concesiones y "en general todas las relaciones" del grupo Villar Mir con el sector público gallego. El PPdeG, por contra, ha rechazado esta solicitud, que de esta forma no ha salido adelante.
La solicitud partía de BNG y En Marea y, en sus respectivas intervenciones, tanto la portavoz parlamentaria del Bloque, Ana Pontón, como el portavoz del partido instrumental, Luis Villares, han advertido de que existen "muchas dudas" y "sospechas judiciales" en torno a la compañía de una persona, Juan Miguel Villar Mir, investigada "por la supuesta financiación irregular del Partido Popular".
Este debate se produce en el marco del intento de Ferroatlántica (del grupo Villar Mir) de segregar las dos principales actividades que desarrolla en la Costa da Morte (Coruña), la producción de energía eléctrica y la de ferroaleación, para vender las centrales hidráulicas de los ríos Xallas y Grande.
La petición de BNG y En Marea apoyada por los socialistas pretendía, de hecho, hacer un seguimiento de esta operación, pendiente de la respuesta de la Xunta a la solicitud de la empresa y que mantiene en alerta a los trabajadores de esta comarca.
"Algo que ocultar"
Al arranque del pleno, Pontón, en primer lugar, ha defendido la necesidad de esta comisión para ejercer el correspondiente "control" al Gobierno y por dilucidar si de la Operación Lezo se derivan irregularidades también en Galicia. Una investigación en la Cámara autonómica "solo le puede molestar a quien tenga algo que ocultar", ha avisado la nacionalista.
La portavoz del BNG ha identificado los "vínculos" del grupo Villar Mir en la Comunidad gallega en lugares como el puerto vigués de Bouzas, Punta Langosteira en Coruña, los albergues del Camino de Santiago, parques eólicos y los ríos Xallas y Grande, entre otros.
Al respecto, ha destacado que su intención es que "comparezcan los responsables de la empresa, pero también todos los cargos de la Xunta que tuvieron algo que ver en estas adjudicaciones", en un alegato por "la transparencia y la verdad".
"El gobierno amigo"
A continuación, Villares ha alertado de que existe "una duda razonable" acerca de la financiación del PP y que involucra a Villar Mir. A él, pero también al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, les ha recriminado que el primero tenga "la certidumbre" de que "el gobierno amigo" del PP "no fallará" para la venta de las centrales hidráulicas de la Costa da Morte.
Ante ello, ha abogado por la constitución de una comisión de investigación, para "comprobar los datos" y "verificar" si esas sospechas son ciertas. "No se puede dejar en la calle la duda fundada. Abran las puertas de la comisión y así las puertas a la ciudadanía", ha incidido Villares.
"No deberían temer esta comisión", ha agregado también el portavoz de En Marea dirigiéndose a los populares, antes de llamar la atención sobre que "no se puede someter a un país a un saqueo constante y mirar para otro lado".
"Causa de carácter general"
Por su parte, el socialista Juan Manuel Díaz Villoslada ha explicado que su grupo "no se va a oponer" a esta iniciativa pero ha demandado, por un lado, "más rigor" a los proponentes "a la hora de formular comisiones", para no correr el "riesgo" de "minusvalorarlas"; y, por otro, ha llamado a los populares a sumarse a la "necesaria regeneración democrática".
Villoslada ha comenzado su discurso indicando que los contratos del grupo Villar Mir que tienen relación con Galicia "no han originado por ahora actuaciones de carácter policial o judicial por delitos de corrupción o cualquier otra clase de delitos". Así, ha resaltado que la petición de Bloque y En Marea "parece a priori abrir una causa de carácter general".
Asimismo, el diputado del PSOE ha dicho que "le gustaría que se hubiera comentado esta cuestión" también con su grupo, al que ha situado "en el centro de la decisión".
Tras lanzar el mensaje al Gobierno gallego de que la decisión "final" sobre el veto a la segregación será "de carácter político", obviamente "dentro de la legalidad", el parlamentario ha clamado por la "absoluta transparencia" en las relaciones de la administración con grupos como el de Villar Mir, que funcionan como "grupo de presión" o lobbies.
Y, en este extremo, ha anunciado que el PSdeG "no se va a oponer a esta comisión" y que "si aparecen irregularidades se actuará en consecuencia". "Si no, la sombra de la sospecha desaparecería", ha apostillado.
Posición de hace siete días
Hace tan solo siete días, Xoaquín Fernández Leiceaga rechazó extender "un manto de sospecha sobre cualquier tipo de actividad empresarial" y habló de "fabulaciones", si bien defendió comprobar si hay algún "indicio" que avalase la investigación.
Precisamente, la popular Paula Prado ha recordado en su turno palabras de Leicega de las últimas semanas, para afirmar que el grupo mayoritario "concuerda" con el PSOE en que esta reclamación responde a "una pura posición propagandística de los nacionalistas" y al "populismo fácil".
"Populismo barato"
Frente al "populismo barato", Prado ha opinado que la "única forma de dignificar la política es actuando con contundencia contra los corruptos", por lo que ha apostado por "que la justicia llegue al final" y se ha mostrado contraria a la realización de "juicios paralelos".
"Con nosotros no cuenten para destruir la democracia", ha espetado la diputada del PP a En Marea, a cuyo portavoz, Luis Villares, ha reprochado que persiga el desarrollo de una "investigación prospectiva", en una política "de tinta de calamar" con la que "quieren sembrar la duda".
Prado ha llegado a preguntar a Villares "dónde estudió" Derecho, a lo que este le ha respondido que en una universidad pública, mientras, según ha criticado el portavoz de En Marea, el hoy líder del PPdeG estaba "rodeado de narcotraficantes", en alusión a Marcial Dorado.
Entre tanto, al BNG, la popular le ha recordado la imputación de Fernando Blanco, conselleiro de Industria en el bipartito, y ha asegurado que "según su reflexión" el PP "tendría que hacer una investigación porque están bajo sospecha todos los contratos" firmados durante esta época.
En la misma línea, ha señalado a un contrato de la actual Diputación de Coruña con OHL, para una residencia. "¿También está bajo sospecha -esta adjudicación-? Ah, no; solo están bajo sospecha cuando son con administraciones del Partido Popular", ha afeado la parlamentaria.
En resumen, Prado ha subrayado que "no hay más transparencia que una investigación judicial", y ha afirmado que esta "llega a donde no llega una investigación parlamentaria".
Ya en el cierre, también Pontón le ha replicado que haga "acusaciones denigrantes", y ha advertido de que por ello "estaría en un juzgado si no tuviera inmunidad".
"La única organización política en todo el estado y en toda la historia de la democracia imputado por corrupción es el PP", ha confrontado, algo en lo que ha abundado Villares en su último turno.