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La Xunta fuerza el pulso por los pisos turísticos, abocado a la vía judicial

El Gobierno autonómico trasladará estos días sus alegaciones a Competencia sin cambiar el decreto.

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Los pisos turísticos siempre tuvieron demanda. | EFE

Los servicios jurídicos de la Xunta deberán remitir entre hoy y mañana a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las alegaciones a un requerimiento formulado el pasado 7 de abril que cuestiona hasta ocho puntos del decreto de usos de las viviendas turísticas. Con menos argumentos, el órgano público que vela por el libre mercado ya ha tumbado parcialmente los textos en comunidades como Madrid y Canarias -según publica La Voz de Galicia-, y la mala noticia para Galicia es que en algunas de las normas el espíritu de la reclamación es el mismo: de forma genérica, la CNMC viene a reprochar a las Administraciones que están elaborando decretos de regulación en connivencia con el sector tradicional y entorpeciendo a las nuevas fórmulas de economía, protegidas desde la UE.

Competencia advirtió a la Xunta que, al igual que hizo anteriormente en otras comunidades, pondrá un recurso contencioso-administrativo contra el decreto -en vigor desde el pasado miércoles 10 de mayo- si no se modifican o anulan "los obstáculos a una competencia efectiva", cosa que no ha sucedido. El texto es el mismo que se publicó en el DOG, solo que los servicios jurídicos autonómicos han publicado una instrucción tratando de despejar -a los empleados públicos encargados de su aplicación- los aspectos más polémicos señalados por Competencia. El presidente Feijoo considera que con esa disposición "salvamos" las dudas enfocadas por el organismo, pero lo cierto es que los tribunales de Madrid y Canarias han subrayado en rojo sus decretos, y en algunos argumentos la coincidencia con Galicia es notable.

El caso de Madrid

Madrid fue una de las primeras comunidades en meterse en el fango de la regulación de las viviendas turísticas. Arrancó en marzo del 2015, y Competencia fue muy concreta al poner en la picota el texto impulsado por el Gobierno, que impedía que los alquileres de pisos fueran inferiores a cinco días. Esta norma, que algunos sectores interpretaron como una cláusula anti-airbnb (la popular web que ha disparado los alquileres turísticos), restringía a criterio de los tribunales madrileños la capacidad de elección del consumidor. De hecho, algunas asociaciones denunciaron que suponía un veto al 80 o 90% de sus clientes. El decreto gallego no tiene límites mínimos, pero sí establece un máximo de estancia de tres meses. Transcurrido ese período de tiempo, indica la Xunta, quedarán sometidos a la normativa ordinaria de arrendamientos. Dice la CNMC que esta medida resulta contraria al derecho que asiste al empresario a organizar su actividad y el de los ciudadanos a disponer de este servicio "sin restricciones injustificadas" relativas a estancia.

El caso de Canarias

También en el 2015, Competencia redactó un requerimiento mucho más exhaustivo cuestionando los artículos del decreto canario. Hace un par de semanas se conoció la resolución judicial, que en esencia anula la prohibición de que existan viviendas vacacionales en zonas turísticas o de uso mixto; permite el alquiler de habitaciones de forma separada -Galicia también prohíbe la cesión por habitaciones-; y suprime la obligación de inscripción en un registro previo al inicio de la actividad. La comisión ataca con dureza este artículo de la Xunta de Galicia, porque además de una declaración responsable considera que el pago de tasas, la suscripción de un seguro de responsabilidad civil y la inscripción en un registro son "cargas adicionales y discrecionales", dice el citado diario. El Gobierno canario respeta la sentencia, que es susceptible de recurso ante el Supremo, y en todo caso la consejera adelantó la pasada semana que cualquier cambio se acometerá con "rigor y sin precipitación". Desde la puesta en marcha del decreto hasta la resolución judicial pasaron 17 meses.

Goteo de consultas

Turismo de Galicia espera tener una primera idea del censo de viviendas con actividad turística cuando se acerquen los meses de máxima actividad, en julio y agosto. La Xunta confía en que a esas alturas la inscripción y las dudas iniciales estén superadas, aunque de momento se combinan las consultas y las inscripciones a cuentagotas, que el personal va tratando de despejar. Desde el miércoles 10, cuando entró en vigor el decreto, la Administración ha constado que las primeras solicitudes han optado masivamente por la vía manual en vez de la telemática, también a disposición. El decreto tiene una veintena de páginas de formularios para las distintas operaciones de alta o baja de la actividad.

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