El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha opinado este lunes que es "un poco pronto" para que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparezca en la Cámara para dar cuenta de las decisiones que se tomarán con Ferroatlántica.
Este pronunciamiento llega después de que el BNG demandase que Feijóo informe al Parlamento de su posición con respecto a la petición de la empresa de segregar las centrales hidroeléctricas del río Xallas y las fábricas de ferroaleación.
La petición, según ha explicado el diputado popular al ser preguntado al respecto en rueda de prensa, será analizada "con rigor técnico y jurídico", de modo que hará falta "un tiempo" para obtener la respuesta.
Lo que ha ratificado es el "compromiso" de la Xunta con que tanto los alcaldes de la comarca coruñesa de Costa da Morte como los trabajadores, a través de sus representantes, serán informados de cualquier decisión.
Y ésta, ha aseverado, "será conforme" a lo que marca la ley y enfocada a preservar "el interés general" y los puestos de trabajo. Así, ha zanjado, no se puede "prejuzgar" el sentido de la decisión, sino que se basará en "análisis técnicos".
Conde y comité de empresa
El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, recibirá a los trabajadores de Ferroatlántica este martes, para abordar la situación de las plantas después de que la empresa pidiese la segregación de las actividades de generación eléctrica y de ferroaleación.
La consellería ha convocado a los representantes de los trabajadores a las 13,30 horas en el complejo administrativo de San Caetano, en Santiago.
El presidente del comité de empresa, Santiago Paz, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que exigirán que la Xunta no autorice la segregación.
Además, le recordarán que, hace ahora algo más de un año, el director xeral de Energía, Ángel Bernardo Tahoces, aseguró en sede parlamentaria que "nunca hubo segregación de actividades y nunca la habrá".
Le pedirán, asimismo, que les haga entrega de "toda la documentación" que aportó la compañía, con la que pretende que la administración autonómica autorice el veto a la segregación.