Antonio Roma ha dejado la Fiscalía del área de Santiago tras casi tres años de investigación judicial del accidente del tren Alvia en el barrio compostelano de Angrois, que dejó 80 muertos y 144 heridos.
Según fuentes consultadas por Europa Press, Roma ha pasado a servicios especiales de la carrera fiscal para desempeñar el cargo de coordinador del área de justicia del programa de cooperación para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en América Latina, financiado por el instrumento de cooperación al desarrollo de la Unión Europea (UE).
Antonio Roma, que firmó el nuevo contrato el pasado viernes día 5 y desarrollará este trabajo entre Madrid y Latinoamérica, será el encargado de diseñar y supervisar las actividades relacionadas con esta área.
Entre sus objetivos están la mejora de la normativa penal y procesal, la inteligencia, el análisis y la investigación criminal, la coordinación de la cadena penal, asistencia judicial mutua, gestión penitenciaria y la formación de jueces y fiscales para el estudio e implementación de nuevos sistemas de mediación penal y justicia restaurativa en torno a la delincuencia juvenil.
Conforme a los criterios de distribución del trabajo de la Fiscalía de área de Santiago, la causa, que acumula ya más de 70 tomos y 32.000 páginas, lo llevará a partir de este momento un equipo de fiscales de dicha fiscalía, bajo la dirección del fiscal jefe, sin perjuicio de que, avanzado el proceso, esta labor vuelva a ser asumida por un solo fiscal.
De esta forma, las fuentes consultadas aseguran que "se garantiza la continuidad y total normalidad del trabajo del Ministerio Público en la instrucción del caso, en el que se están practicando nuevas diligencias de investigación".
Su evolución en el caso
En un principio, Roma se mostró contrario a las imputaciones que llevó a cabo el primer instructor del caso, Luis Aláez, que afectaban a altos cargos de Adif, a los que el juez atribuía medidas que minoraron la seguridad en la vía.
En su último posicionamiento, no obstante, Roma respaldó la decisión del segundo juez instructor, Andrés Lago, que llamó como investigado al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.
Previamente, el representante del Ministerio Fiscal había sugerido que testificasen miembros de Ineco y empresas que evaluaron el riesgo en Angrois, algo que el juez descartó al entender que estas instituciones sí cumplieron con su deber, a diferencia del administrador de infraestructuras ferroviarias.
Lago identificó, en concreto, que el departamento de Cortabitarte era el responsable de la evaluación de riesgos y que esta no se realizó de forma correcta ni en la línea ni en la curva de A Grandeira, donde descarriló el convoy el 24 de julio de 2013.
Acusación solo al maquinista
En este contexto, la marcha del fiscal se produce a la espera de que la Audiencia Provincial de Coruña se pronuncie sobre si acepta o rechaza los recursos presentados tanto por Andrés Cortabitarte como por el propio Adif.
En su momento, los magistrados de la audiencia tumbaron las imputaciones de Aláez, pero también apuntaron una línea de investigación que después siguió Lago: la que se refiere a si hubo un correcto análisis de la peligrosidad.
El escrito de acusación que deja redactado Antonio Roma solo contempla al maquinista, que circulaba despistado por una llamada telefónica del interventor y tomó la curva con un exceso de velocidad. Para él, pide cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación.
El segundo juez encargado de la causa citó a Cortabitarte en marzo de este año, pero antes, en octubre de 2015, había optado por cerrar la instrucción con el conductor como único responsable. Antonio Roma avaló este movimiento en febrero de 2016. Sin embargo, la Audiencia ordenó seguir investigando tres meses después.
Su relación con las víctimas
La relación de este fiscal con las víctimas del siniestro ha sido controvertida, por el rechazo inicial de este, y hasta hace poco, de eventuales responsabilidades de Adif. Los afectados, que en su día tuvieron un encuentro con él, le afean que se centre más en las indemnizaciones que "en la búsqueda de la verdad".
De hecho, llegaron a acusarle -a él y al instructor actual- de actuar "como abogados defensores de Adif y Renfe", a raíz del aplazamiento de la comparecencia de tres peritos motivada por la inclusión en el sumario de 300 folios aportados a última hora por la primera de las empresas públicas.
El programa al que se va
Roma se va al programa de cooperación para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en América Latina. La Comisión Europea ha delegado su gestión en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y en Expertise France (la agencia francesa de cooperación técnica internacional).
Titulado 'EL PAcCTO', tiene una duración de 60 meses y está financiado por la UE. Cubre los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Dotado de un presupuesto de 19 millones de euros para cinco años, la implementación del programa se iniciará en los próximos días. Su objetivo principal es asistir técnicamente a los Estados de América Latina en una lucha eficaz contra el crimen organizado, mediante el fortalecimiento de la cadena penal en su globalidad.
La FIIAPP y Expertise France aseguran la implementación del programa, en colaboración con dos socios (el Instituto Ítalo-Latinoamericano y el Instituto Camões de Portugal) y con el apoyo de expertos públicos europeos.