El Gobierno gallego promete “transparencia” y “legalidad” en la petición de Ferroatlántica
La Xunta se refugiará en criterios técnicos para abordar la petición de segregar las centrales, sabiendo que el proceso acabará en los tribunales.
"Hay dos líneas rojas: mantener el empleo y la legalidad". De esta forma rotunda se pronunciaba el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre los criterios a seguir por el Gobierno gallego para valorar la petición de Ferroatlántica. Son criterios fundamentales, insistió Rueda, sobre el objetivo de la compañía del grupo Villar Mir que pretende segregar las centrales hidroeléctricas que tiene en Galicia de las fábricas de ferroaleaciones para proceder a su venta al fondo Brookfield.
Un día después de que Ferroatlántica solicitase formalmente a la Xunta la segregación de las dos actividades principales que la sociedad desarrolla actualmente en Galicia, la producción de ferroaleaciones y la de energía eléctrica, para poder vender las centrales hidroeléctricas que tiene en Cee y Dumbría, la Xunta se pronunciaba. Lo hacía a través de su vicepresidente, que asistía a un acto en la Escola Galega de Administración Pública. Era Alfonso Rueda quien señalaba que hasta ahora la Xunta "no podía valorar algo que no estaba presentado". "Ahora la empresa ya ha presentado la solicitud y vamos a empezar a valorarlo", matizaba.
La postura del Gobierno autonómico en el conflicto entre la plantilla de Cee y Dumbría y la compañía ha sido la de esperar a que Ferroatlántica presentar la solicitud pertinente. Ahora, Rueda entiende que hay algo "sobre lo que hacer una valoración y tomar una decisión". En su momento,Alberto Núñez Feijóo apuntó que, según la información de la que disponía en ese momento, la segregación no era posible.
En todo caso, los criterios fijados por la Xunta son la legalidad y el mantenimiento del empleo. En el segundo caso, la compañía ya ha advertido que los puestos de trabajo peligrarán si no se produce la segregación, amenaza de cierre de plantas incluido, y que aumentarán en caso de que pueda venderlas y acometer un plan de inversiones.
El Gobierno gallego tomará su decisión amparándose en criterios legales y técnicos, sabiendo que dé, una u otra forma, el conflicto acabará en los juzgados, pues tanto la plantilla como la empresa están dispuestas a pelear por sus dispares objetivos.
Antes de que se pronunciara Rueda, el director general de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, reafirmó el "compromiso absoluto" con el mantenimiento del empleo en A Costa da Morte y conla "transparencia" en el proceso de evaluación de la solicitud de Ferroatlántica. "Daremos cuenta de todo lo que ocurra en un tema muy importante para Galicia", zanjó.
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