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En Marea llama a introducir "cláusulas sociales" en los contratos públicos

El partido instrumental contrapone su modelo al "privatizador" y "corrupto" del PP reflejado en la operación Lezo.

Galicia esRadio
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Lusi Villares es portavoz de En Marea. | EP

En Marea ha organizado este sábado en Santiago unas jornadas destinadas a inscritos y cargos institucionales en los ayuntamientos donde están presentes las mareas municipalistas sobre la importancia de introducir desde las instituciones "cláusulas sociales" en los contratos públicos. El portavoz orgánico y parlamentario de la fuerza rupturista, Luis Villares, ha contrapuesto el modelo de contratación pública que defiende En Marea, basado en la aplicación de criterios más allá de la "oferta económica a la baja", frente al que, en su opinión, desarrolla el PP desde las instituciones.

En declaraciones a los medios tras la clausura de las jornadas, que tuvieron lugar en la mañana del sábado en la Facultad de Derecho de la USC, Villares ha señalado que la operación Lezo -que investiga la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid- evidencia que el modelo de contratación pública de los populares se basa en "la privatización" y en "la adjudicación a los amigos de los servicios públicos privatizados mediante el conocimiento de información privilegiada".

"El 80 por ciento de los casos de corrupción que están siendo investigados tienen que ver con la privatización de servicios o con la adjudicación fraudulenta, ilegal y delictiva de este tipo de servicios", ha expresado.

Tras esto, ha añadido que este "sistema de corrupción" en la contratación pública está dirigido a financiar de forma "ilegal" el partido y al "enriquecimiento personal" de sus dirigentes en base a un "entramado corrupto" que no está limitado a los populares de Madrid, sino que se extiende a "todo el Estado".

Sistema de contratación de la Xunta

En el caso de Galicia, Villares ha apuntado al cambio en el sistema de adjudicación que ha derivado en que, por ejemplo, se pasase de "en torno a 100 pequeñas y medianas" que desempeñaban las tareas de limpieza en los edificios de la Xunta a "una sola que ni siquiera es gallega".

"Se produjo una destrucción de empleo del tejido productivo gallego de pequeñas y medianas empresas que tenían trabajadores del país, tributaban en el país y generaban riqueza social y económica", ha continuado.

Frente a ello, Villares ha defendido que la propuesta de En Marea para la contratación pública radica en implementar "cláusulas sociales" en los contratos de adjudicación para la prestación de servicios en parámetros como el respeto a "los derechos de los trabajadores, la protección del medio ambiente, el comercio justo, la igualdad de género y la normalización lingüística".

Modelo de En Marea

Así, En Marea apuesta por ir más allá de "la oferta económica a la baja", porque en ocasiones pueden darse casos de contratación de empresas que "fomentan el empleo temporal", "precarizan el servicio" o "discriminan a las mujeres".

"La administración pública debe fomentar una serie de valores que contribuyen a incrementar el bienestar social, el bienestar de la mayoría", ha indicado Villares.

Ese es el objetivo, según su portavoz, de estas jornadas organizadas por En Marea, con las que el partido instrumental quiere hacer llegar este tipo de propuestas a los ayuntamientos donde tiene "algo que decir", bien sea a través de la presencia de las mareas municipalistas en los grupos de gobierno o en tareas de "fiscalización" desde la oposición.

Además, la fuerza rupturista presentará, mediante sus grupos parlamentarios en las Cortes y en el Parlamento gallego, "modificaciones legislativas" para la "reforma de la ley de contratos del sector público" a nivel estatal así como la petición para la creación de una ley gallega en este ámbito.

Recuperación de servicios

Preguntado por los problemas que está encontrando Compostela Aberta en el Ayuntamiento de Santiago a la hora de la remunicipalización de la ORA y la grúa, Villares ha indicado que existen "dificultades evidentes" para los municipios con la actual legislación cuando pretenden recuperar la gestión directa de servicios públicos.

"No es justo y admisible es que un modelo como el del PP se intente imponer a todos los modelos de gestión administrativa, municipal y política. No puede ser que una opción ideológica imponga al resto la imposibilidad de ejecutar su propio modelo", ha expresado.

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