La Asociación Ecologista Arco Iris ha presentado un escrito en la Audiencia Provincial de Coruña en el que reclama que, a falta de ejecutar los 4.328 millones de euros que establece la condena del caso Prestige como sanción por daños medioambientales en la costa gallega, se destinen los 26 millones que obran en poder de la Justicia como depósito previo al juicio a intervenciones concretas en el ámbito medioambiental.
A través de un escrito presentado por su representante legal, Manuel Meiriño, la asociación recuerda que la sentencia cuantificó los daños medioambientales del naufragio en 4.328 millones de euros en las diligencias ejecutorias, algo que "ninguna posición procesal, ni ninguna parte personada en el procedimiento ha impugnado", lo que los hace "inmodificables a día de hoy".
"Consecuentemente, y al no haber ninguna discusión ni debate jurídico sobre la referida cantidad, son ejecutables", recuerda Arco Iris, que critica la "desidia y la indolencia de las partes implicadas" en la ejecución de esta cantidad y la "imprevisible deriva que supone el Brexit", toda vez que la aseguradora procede de Gran Bretaña.
"Arco Iris ha advertido repetidamente que las desorbitadas previsiones económicas en concepto de indemnizaciones por el seguro inglés chocarían irreversiblemente con la cruda realidad que supone un entramado legal y administrativo inexpugnable, que ofrece a este tipo de empresas de seguros una cobertura a prueba de bomba", ha apuntado la entidad.
Movilizar los fondos de la Justicia
Por ello, reclama a la Audiencia Provincial que "salve los muebles" y movilice los "escasos fondos" que están a disposición de la Justicia para dedicarlos "íntegramente" a "resarcir" a los espacios más afectados por el vertido del Prestige.
En concreto, Arco Iris se refiere a los 23 millones depositados por la aseguradora del buque al inicio de la tramitación de las diligencias previas y a los tres millones de euros del aval bancario del único condenado, Apóstolos Mangouras.
Esta cantidad, explica, ha de ser invertida en "medidas concretas de recuperación y regeneración" ambiental en zonas afectadas por el vertido, entre las que propone el Parque Nacional das Illas Atlánticas, el Parque Natural de Corrubedo y las Marismas de Baldaio.
Finalmente, la asociación se opone de forma tajante a la postura del Ministerio Público en relación a que las cantidades obtenidas por daños medioambientales "pasen a las Arcas de la intervención del Estado", ya que "la finalidad" de estas cantidades es "la reparación y sustitución del daño causado".
"Si las cantidades por daños medioambientales ingresan en el Ministerio de Hacienda, como postula el Ministerio Público, esto significaría que ni un solo euro se invertiría en la regeneración medioambiental y de recuperación de los recursos naturales", han criticado.