La mayoría de los votos del Grupo Popular en el Parlamento gallego han servido para que la iniciativa de En Marea, arropada por el resto de partidos de la oposición, fuese rechazada. La iniciativa presentada por el partido instrumental "exigía" al Gobierno autonómico "promover" las investigaciones necesarias para indagar sobre los abusos bancarios y que la Xunta pusiese los medios necesarios para acabar con ellos. El PPdeG rechazó de plano la propuesta, ya que los populares consideran que es el Banco de España a quien corresponde la labor de supervisión.
En su exposición en la Comisión de Economía del Parlamento gallego, que se celebró este miércoles, el diputado de En Marea Manuel Lago ha enumerado un listado de "estafas" financieras como las preferentes, las "abusivas" cláusulas suelo, las comisiones excesivas, así como "vender precipitadamente y por debajo de su precio a entidades nacionalizadas", entre otras, "que dejaron de ser excepciones para ser una estrategia premeditada".
En este sentido, Lago exige al Ejecutivo autonómico que ejerza degarante de los derechos de los consumidores, puesto que, como denuncia, las "prácticas irregulares se siguen produciendo hoy por la mañana en las entidades financieras" de Galicia, mientras advierte de que los trabajadores de banca padecen "presiones que reciben de las direcciones para colocar estos productos".
Respuesta popular
Durante el debate, Gonzalo Trenor ha defendido que el Partido Popular actuó en la protección al consumidor, si bien reconoce que hay que "ir más allá" a través de cuestiones como una mejora en la transparencia, contratos tipo para minoristas que "eviten el fraude en la letra pequeña" o una reforma de la ley hipotecaria. Con todo, centra esa labor de inspección en el Banco España frente a la Administración gallega.
El Grupo Popular, del que forma parte, presentó una enmienda de sustitución a esta iniciativa en la que proponía que esa labor de indagación recayese en el Banco de España y no en la Xunta de Galicia. En Marea no ha aceptado que fuese de sustitución, sino de añadidura, y finalmente no se ha llegado a acuerdo.
Por su parte, Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) ha exigido actuar "para que no vuelvan a ocurrir casos como los que se están viendo", dado que "está claro que los bancos no han aprendido" y "siguen aplicando prácticas poco claras".
En esta línea, Noa Presas (BNG) ha mostrado su "preocupación creciente respecto a la poca seguridad" para los consumidores y los trabajadores de banca, sin fiscalización por parte del poder público de una "nueva generación de productos financieros". Por ello, remarca que la Xunta "no puede relajarse y dedicarse a ser cómplice".
Otras iniciativas rechazadas
Otras iniciativas rechazadas por los populares en esta comisión pedían a la Xunta: un plan de igualdad en el empleo para promover la inserción laboral de mujeres (del PSdeG), instrumentos financieros para que fluya el crédito en Galicia (del BNG) y mejorar la ejecución presupuestaria de los fondos de compensación interterritorial (del PSdeG).
Noela Blanco (PSdeG) ha reclamado a la Xunta la puesta en marcha de un plan de igualdad en el empleo, ya que considera "importantísimo" incrementar el porcentaje de mujeres en el mercado laboral, al tiempo que se ha referido a la situación de discriminación que padecen.
La propuesta se ha encontrado con la negativa de los populares. La diputada Marián García Míguez ha justificado que la Xunta va a poner en un plan de empleo femenino este año y "no hace falta que lo vuelvan a solicitar".
En otro orden de cosas, Noa Presas (BNG) ha exigido que el Gobierno gallego actúe ante los 17.000 millones de euros en depósitos bancarios que dejan de dedicarse a créditos en Galicia, puesto que la Comunidad padece "de las peores tendencias del Estado" en este campo.
También ha esgrimido Presas que en Galicia en 2009 por cada 100 euros depositados había 132 de crédito, mientras en la actualidad esa relación ha bajado a 71 euros de crédito por cada 100 depositados. Una "caída el doble de intensa que en el conjunto del Estado".
Acerca de esta cuestión, Pedro Puy ha dicho que no se puede comparar la situación del crédito en la actualidad con la del año en el que "se estaba inflando la burbuja inmobiliaria". Aquí, ha puesto en valor el control del crédito en entidades privadas frente a las públicas, ya que tienen que tener una rentabilidad y existir la posibilidad de devolver el dinero, lo que "falló" en la banca pública, que "no favorece la creación de un tejido productivo de futuro".
De tal forma, Puy ha afirmado que la banca privada "sigue funcionando relativamente bien una vez que está saneada". De hecho, ha deslizado que los banqueros que están en la cárcel son de entidades "de carácter semipúblico" o que "ya estaban nacionalizadas".
Finalmente, Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) se ha referido a los avisos realizados por el Consello de Contas a la Xunta para censurar el nivel de transparencia de fondos de compensación interterritorial y su índice de ejecución presupuestaria, que son "claramente mejorables". "De seguir este curso estos fondos llegarían a ser totalmente irrelevantes", ha avisado.
En cambio, Cristina Romero (PP) ha indicado que "no se puede confundir" la ejecución presupuestaria con la ejecución del fondo. Garantiza que no emplearlos en un año "no supone pérdida de recursos", puesto que la financiación se incorpora al siguiente ejercicio presupuestario.