Todo lo que hoy sucede se venía venir. Comenzó hace poco de más de una década. Primero fueron los preparativos y después el objetivo. No es necesario mencionarlo, porque todos sabemos a qué nos referimos. Luego surgieron una serie de hechos impropios de los máximos representantes de una democracia seria. Ni las elecciones del 20 de diciembre de 2015 ni las del 26 de junio del año siguiente ni siquiera el bloqueo, que dejó a España sin gobierno ocho meses, han sido las causas principales. Aunque, por supuesto, han contribuido a lo que está pasando.
En cierto modo la confusión es total. Se llega a tal gravedad que es triste ver como todo un magistrado en excedencia pide revisar "con lupa" los contratos de la Xunta con empresas investigadas por financiar al PP. Ni siquiera utiliza lo de "supuestamente". Pero está en su derecho como portavoz de una amalgama de partidos. Porque eso es En Mara. Pero qué diría el señor Villares si desde las filas de otro partido -incluso, si me apuran, desde los medios de comunicación- se pidiera revisar las sentencias que él, como magistrado, dictó o en ellas participó.
Esto no se hace por dos cuestiones fundamentales: primero, que los partidos que respetan nuestro actual sistema democrático no dudan del señor Villares en su labor judicial; segunda, dudar del señor Villares sería dudar del mismo sistema judicial.
Sin embargo, el egoísmo del portavoz de En Marea por hacerse un sitio en la política lo lleva a dudar de todo. Y él, como jurista que es, debiera saber que la acusación sin pruebas es penada, aquí y en cualquiera democracia. Luis Villares debe reaccionar si de verdad aspira a algo en política. El caso es que él lo sabe.