La juez cree que los directivos de Novagalicia manipularon las actas

Los hechos que han llevado a la juez a exigir a García de Paredes a devolver los 5,6 millones que cobrados por su prejubilación del NCG Banco está fundamentados en un largo recorrido nada claro por parte de la cúpula directiva que dirigía la entidad por aquellas fechas, desaparecida (ahora Abanca). El 4 de agosto se produce una reunión clave de la comisión de retribuciones de Novagalicia. Se celebra cuando ya era "notorio", en palabras de la jueza Ana Rodríguez Piorno, "el rescate de la entidad por parte del FROB" y con el único objetivo de proponer al consejo de administración que la bancarización -la conversión de Novacaixagalicia en NCG Banco- fuera contemplada como causa de la facultad de desistimiento. Es decir, que una vez traspasado el activo a la nueva entidad, los directivos tuvieran derecho a presentar su cese y acceder a los blindajes por desistimiento estipulados en sus contratos.

Este paso -informa Economía Digital-, fundamental para el cobro de las indemnizaciones, salió adelante con dos particularidades "sorprendentes". Según la sentencia, las cartas de renuncia de los altos directivos "estaban redactadas, cuando menos, desde el día anterior, desde el 3 de agosto". Exhibe como prueba la juez la carta remitida por Rodríguez Estrada al abogado Ricardo Pradas en un correo electrónico ese día.

Esto probaría, a su entender, que los directivos blindaron sus finiquitos siendo perfectamente conscientes de su salida de la entidad, lo que invalidaría, por ejemplo, el argumento del enfrentamiento con César González Bueno que esgrimió García de Paredes, señala el citado diario.

"El consejo de administración, en la sesión de 25 de agosto de 2011, en efecto, aprobó el acuerdo, es más, incluso se decidió laprovisión de la cantidad de 28 millones de euros correspondientes a la prejubilación y a la jubilación de los altos directivos y ello sin que, a estas alturas, se acierte a ver en tales decisiones otra razón que la de allanar el camino a los altos directivos que iban a ejercer el desistimiento en apenas unos días. Algo que, evidentemente, la comisión de retribuciones y nombramientos y el consejo de administración ignoraban por completo", dice la sentencia.

En el acta de ese consejo, una documentación que José María Castellanos negó a la comisión investigadora del Parlamento gallego, se recogen peticiones de información "casi con vehemencia" por parte de un consejero que no fueron atendidas y, cuando lo fueron, se transmitió una información "completamente errónea sobre las consecuencias de una renuncia".

Pero además, sobre las actas de esas jornadas pesa una sospecha de manipulación. La jueza califica de "sorprendente" que Rodríguez Estrada y Ricardo Pradas intervinieran en la redacción de las actas de la comisión de retribuciones, como prueban "las evidencias digitales analizadas por parte de los peritos de PWC, a instancia del FROB", sin ser miembros de la misma.

"En concreto, el 2 de agosto de 2011 se enviaron, vía correo electrónico, modificaciones sobre las actas de las sesiones de la comisión de retribuciones y nombramientos de 4 y de 25 de agosto de 2011", dice la sentencia.