Vuelco en el caso del tren Alvia: el juez atribuye al jefe de seguridad de Adif los delitos de 80 homicidios

La investigación del caso del siniestro del tren Alvia, que costó la vida a unas ochenta personas en julio de 2013 en Angrois-Santiago, ha dado un nuevo giro. El juez que instruye la causa por el accidente ha acordado dirigir la investigación contra Andrés Cortabitarte, entonces jefe de seguridad de Adif, como presunto responsable de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. Así lo ha notificado a las partes el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, en un auto con fecha de 10 de marzo al que ha tenido acceso Europa Press.

Precisamente el pasado mes de mayo, la Audiencia de Coruña ordenó reabrir la investigación por el caso, en contra del criterio del juez que lo llevaba y la Fiscalía. La Sala concluyó que el juzgado debe seguir investigando para aclarar diversos "extremos expuestos" en las periciales.

En octubre del año pasado el juez del caso Alvia decidió cerrar la instrucción con el maquinista como único imputado. En sus conclusiones, señalaba que la seguridad "por ser mejor" en Angrois, aunque apuntó a la velocidad como única causa del siniestro.

Ahora, el juez Lago Louro determina que Cortabitarte "no cumplió" su cometido en relación con la elaboración del correspondiente análisis de riesgos en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago.

Por ello, y al no contar, en consecuencia, "que haya hecho u ordenado medida alguna destinada a evaluar y gestionar dicho riesgo", generó y toleró una situación de riesgo "que finalmente cristalizó" en el descarrilamiento, que "costó la vida y la salud a múltiples usuarios" aquel día. En concreto, 80 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas.

"Lo que desde luego no podemos discutir es que la curva representaba un riesgo en sí misma", asevera el juez, quien destaca que "ese riesgo había sido detectado por la propia UTE -unión temporal de empresas, la encargada de construir la infraestructura- y por Ineco -la consultora ligada al Ministerio de Fomento-".

El magistrado añade que, después, ese riesgo "había sido comunicado a Adif explicitando las limitaciones del subsistema suministrado para mitigar o conjurar dicho riesgo y que, finalmente, por parte de Adif nada se hizo para evaluar y reducir dicho riesgo a parámetros de tolerancia conforme a las exigencias de las normas Cenelec".

Adif y el maquinista Garzón

"Todos han cumplido con su deber excepto quien, en última instancia, tenía la capacidad de decidir cómo gestionar el riesgo de descarrilamiento en curva por exceso de velocidad que finalmente fue la causa directa e inmediata del resultado", resalta.

En resumen, Lago Louro apunta que "existía una situación de riesgo", que dicho riesgo "era evidente", que "fue convenientemente detectado y comunicado" a Adif por la UTE e Ineco, y que "Adif tenía la obligación normativa y técnica de evaluar y gestionar dicho riesgo hasta hacerlo tolerable desde la óptica de las normas Cenelec".

Pero "Adif no cumplió con dicho deber", confronta, al no efectuar previa valoración integral de la línea "que protegiese a los usuarios frente al posible fallo humano". Esto, a su juicio, "en términos de contribución causal al resultado finalmente producido, equipara dicho incumplimiento a la imprudencia del maquinista que tenía el deber de conjurar y/o mitigar".

El peritaje de Mariñas, el más completo

Para tomar su decisión de citar en calidad de investigado al que era jefe de seguridad de Adif en el momento del descarrilamiento del tren, en esta "segunda fase", el instructor se basa en los últimos informes periciales aportados a la causa, y en concreto, fundamentalmente, en el elaborado por el ingeniero César Mariñas.

Este experto, nombrado tras un sorteo y considerado por varias partes como el único independiente, determinó que no hubo análisis integral y que, si lo hubiera habido, el peligro en la curva de A Grandeira sería "más que evidente".

Con todo, el juez advierte que el hecho de que no hubo una evaluación de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea es una idea coincidente en todos los peritos, tanto los de la aseguradora QBE -de Renfe-, como en Mariñas y Juan Carlos Carballeira y Enrique Castillo Ron -toda vez que el de José Manuel Lamela se ceñía al material rodante-.

La divergencia entre el de Mariñas y el de Carballeira -a Castillo Ron le encargó un informe este último- estriba en si era o no necesaria esa evaluación de riesgos, normativa y técnicamente. Al respecto, el auto de Lago Louro indica que mientras Mariñas cree que sí, Carballeira "se limita a negar" la necesidad normativa pero "guarda silencio respecto del punto de vista técnico".

"Sorprendente", resalta el juez, "cuando lo que se espera de un perito es que sustente sus afirmaciones en razones de índole técnico, pues ese es esencialmente la razón de ser de su nombramiento".

De ahí que valore la contestación de Mariñas como "más completa", y agrega que además es compartida por los peritos Heijnen y Catmur -los de la aseguradora de Renfe- y por Castillo Ron.

Niega más diligencias por ahora

Por otra parte, el magistrado niega la práctica de nuevas diligencias por ahora. En lo referente a la ratificación de otros dos peritajes aportados por el abogado del maquinista, porque "no se estima necesaria".

En cuanto a la solicitud del fiscal para que se citase a los técnicos de la UTE, el instructor recalca que "no existe motivo alguno", al no constar incumplimiento alguno por su parte. "Al contrario, fueron ellos quienes detectaron los riesgos derivados de las limitaciones del subsistema de control, mando y señalización suministrado y lo pusieron en conocimiento de Adif", llama la atención, en alusión al registro de amenazas o 'Hazar log' -aportado al sumario por el propio Adif-.

De ahí la "lógica consecuencia" que extrae Mariñas "al concluir que la exportación de riesgos al maquinista en la citada curva resulta incorrecta".

A mayores, sobre la petición para recabar el informe de la Agencia Ferroviaria Europea, realizada tanto por la defensa del conductor como por el fiscal y por la plataforma de víctimas, dice que "no es descartable", pero antes estima necesario tomar declaración a Cortabitarte.

Precisa, además, que "buena parte de las cuestiones que pretenden plantearse en dicho informe -del organismo europeo- aparecen ya sobradamente contestadas" por el peritaje de Mariñas.

Por último, responde que "excede con mucho el objeto de la presente investigación" la solicitud de diligencias que entró en el juzgado a finales de enero relativa a "múltiple documentación obrante en expedientes administrativos de diversas entidades públicas".

Nuevo impulso a la investigación

La instrucción del accidente del Alvia estuvo a cargo inicialmente del juez Luis Aláez, quien imputó hasta en dos ocasiones -actualmente citación en calidad de investigados- a varios responsables de Adif, entre ellos al propio Cortabitarte.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Coruña echó abajo sus intenciones por dos veces, al igual que ordenó al actual instructor, Andrés Lago, reabrir la investigación cuando este pretendió cerrarla con el maquinista como único presunto responsable de los 80 homicidios y los delitos de lesiones.