El Consejo de Ministros aprobó este viernes, tal y como estaba previsto, un real decreto con un programa nacional para el "control y la erradicación" de la plaga de la polilla guatemalteca, que afecta a la patata en Galicia y Asturias. En la Comunidad gallega hay un total de 31 municipios infectados, concentrados en las comarcas de Ferrol y A Mariña lucense, cuando hace dos años eran solo tres; y en el Principado de Asturias, otros siete.
En este plan, que tendrá una vigencia inicial de cinco años, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente establece medidas concretas contra la tecia solanivora o polilla guatemalteca, una de las enfermedades que afectan "de manera más negativa" al tubérculo, ha precisado Méndez de Vigo, recordando que la plaga "constituye un riesgo que hay que atacar en algunas provincias de Asturias y de Galicia" y detallando que afecta a la patata, tanto en el campo como en los almacenes.
Las medidas preventivas que contempla el plan se basan en prospecciones y controles sistemáticos para descubrir la presencia de esta polilla que se aplicarán en lugares de venta de patata ubicados en las que se determinen como zonas de riesgo, cuya delimitación se definirá en el marco del Comité Fitosanitario Nacional. Establece además actuaciones para su erradicación, tales como delimitar la zona afectada y la zona tampón o de protección, así como la destrucción del material contaminado con la correspondiente indemnización.
En las áreas afectadas se prohibirá la plantación de cultivos y se restringirán los movimientos. En las zonas tampón, se llevarán a cabo tratamientos fitosanitarios y se establecerán condiciones de circulación de vegetales.
En Galicia hay ya 31 concellos infestados, concentrados en las comarcas de Ferrol y Mariña, cuando hace dos años eran solo tres; y en Asturias, otros siete.
La Xunta acotará el territorio
Será la Xunta la encargada de acotar el territorio en el que no se podrán sembrar tubérculos, aunque probablemente serán esos 31 concellos en los que se han detectado ejemplares enfermos. La Consellería de Medio Ambiente también será la encargada de decidir, a partir del real decreto, arrancar los cultivos ya existentes. De hecho, la directora general de Agricultura, Belén do Campo, fue muy explícita al respecto hace unos días, cuando declaraba: "Llegado el momento habrá que retirar las patatas para su destrucción según las normas de seguridad, con transporte en camiones precintados y con todas las garantías".
La propia Do Campo también avanzaba que el real decreto contemplará la posibilidad de otorgar indemnizaciones a los productores, sufragadas al 50% entre Xunta y Estado.
En los concellos afectados por la plaga hay plantaciones de patata para el consumo propio. La gran preocupación de la Xunta era que la polilla alcanzase las grandes zonas productoras, como la ourensana de A Limia.
Concellos en cuarentena
A la espera de que el ministerio publicase el real decreto, la Xunta ya adoptó las suyas. Entre otras, decretó la cuarentena en los ayuntamientos infestados, lo que quiere decir que no pueden salir patatas cultivadas en esas zonas; también recomendó no sembrar el tubérculo y obligó a los que decidiesen hacerlo a inscribirse en un registro para tener controlados todos los cultivos. La plaga salta de una patata a otra, de ahí la cuarentena en los concellos en los que se detectaron polillas.
Productores inscritos en el registro de la Xunta
El responsable de Agricultura de Unións Agrarias, José Ramón González, considera que el real decreto llega con retraso, cuando la plaga ya está presente en 31 concellos gallegos. También critica las "carencias graves" del texto, como que no se prevén indemnizaciones para todos los productores afectados. Solo las recibirán, aclaró González, aquellos que hayan plantado en los municipios infestados y estén inscritos en el registro abierto por la Xunta. "No entendemos que a aquellas personas que hicieron bien las cosas, que siguieron los consejos que les daban todos, incluida la Xunta, de que no plantaran patatas no se les indemnice", lamentó González, por lo que exige al Gobierno que "subsane" esta cuestión y se ayude a "todo el mundo" que se vea perjudicado.
Los tubérculos serán arrancados por técnicos y se procederá a su destrucción. Habrá ayudas de alrededor de 30 céntimos por kilo sembrado.
De todos modos, el responsable de Unións Agrarias confía en que el decreto del ministerio sirva para atajar la plaga.