Han sido dos días de intensa "tensión" en el Parlamento de Galicia. Si en la jornada de este lunes, los votos del PP han valido para aprobar en solitario los Presupuestos gallegos para 2017, en la maratoniana sesión de este martes la mayoría de los diputados populares han servido para aprobar la ley de acompañamiento. Los grupos de la oposición han vuelto a criticar con dureza al partido que sustenta el Gobierno gallego, ya que, según sus portavoces, han "despreciado" el diálogo y han utilizado el "rodillo" que les permite su mayoría absoluta para sacar adelante todas aquellas leyes que "ellos" quieran.
La ley de medidas fiscales y administrativas, conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de la Xunta, ha sido aprobada este martes en el pleno del Parlamento con el único voto favorable del PP, y el rechazo de toda la oposición, que denuncia que esta norma le resta independencia al Consello Consultivo.
Tanto En Marea como el PSdeG, a través de su viceportavoz Antón Sánchez y la diputada Begoña Rodríguez Rumbo, respectivamente, han aprovechado el debate sobre la ley para pedir la dimisión o cese del presidente de este organismo, José Luis Costa Pillado.
Costa Pillado está siendo investigado en la operación Cóndor sobre una supuesta trama de blanqueo y tráfico de influencias en torno al empresario del transporte Raúl López.
Por su parte, la popular Paula Prado ha replicado que la modificación legislativa busca ampliar el abanico de los recursos humanos del órgano y ha subrayado que la independencia del Consultivo está "garantizada".
De este modo, ha pedido no "minusvalorar" ni "poner en cuestión la independencia" del cuerpo de letrados de la Xunta, y ha señalado que ya hoy en día, de los siete letrados del Consello, cuatro están en comisión de servicio "y se nutren" con los propios letrados de la Xunta.
Posible "ilegalidad"
No obstante, también el BNG, mediante la parlamentaria Olalla Rodil, ha advertido de que hasta los propios letrados del Consultivo avisan de una posible "ilegalidad" por la disposición adicional cuarta de la ley de acompañamiento, que prevé la integración de este cuerpo en la escala de letrados de la Xunta. "Allá ustedes", ha alertado la nacionalista.
Ante esto, Prado ha indicado que confía en los letrados del Parlamento, al considerar que si se estuviese dando luz verde a algo con visos de ilegalidad les habrían llamado la atención sobre ello.
Por su parte, Sánchez ha denunciado que esta reforma viene "de parte de Costa Pillado" en un contexto "de enfrentamiento de este señor con los funcionarios".
Ha agregado, en esta línea, que el presidente del Consello está imputado y se ha referido al vicepresidente del Gobierno gallego, presente en la Cámara, para decirle que si él no lo está, a su juicio, es porque está aforado.
"Durante estos años que ustedes recibieron botellas de Vega Sicilia tomaron decisiones que beneficiaron a quienes se las regalaban", ha afirmado el viceportavoz de En Marea, en relación a la citada operación por una supuesta trama de tráfico de influencias.
Mientras, Rodríguez Rumbo ha coincidido en que, para su grupo, la intención de la Xunta con la disposición adicional cuarta es "quitar de en medio aquello que es molesto".
Al respecto, ha interpretado que se va a producir un "daño irreparable" en el ente, y ha apuntado que Costa Pillado "tiene una sentencia en contra por alterar las condiciones de los funcionarios de forma irregular".
Ley del Suelo
La ley de acompañamiento ha sido aprobada con el único apoyo del grupo mayoritario y después de que este rechazase todas las enmiendas que la oposición mantuvo vivas para el último debate en el pleno del Parlamento.
Previamente, en comisión, el texto incorporó varias transacciones, la fundamental, una de ellas entre nueve enmiendas del PP y otras tantas del PSOE relativas a las medidas provisionales de ordenación urbanística que la Xunta presenta como solución transitoria al problema que afrontan ciudades como Vigo y Ourense -con sus planes generales anulados por la justicia-.
Sobre este extremo, la socialista Rodríguez Rumbo ha dado las "gracias" a los populares, tras acusarles de "imposición y sometimiento" en el resto de ámbitos.
"Aquí llegamos a una transacción... Claro, había intereses", ha afirmado. El PSOE persigue con este pacto, según ha justificado, "garantizar la seguridad jurídica" y "solucionar un problema de importancia capital" en los municipios afectados.
Por su parte, Paula Prado le ha respondido que la negociación sobre este apartado se llevó a cabo "pese a que las nueve enmiendas" del PSdeG se registraron "fuera de plazo", y ha reivindicado "afán de construir" y preocupación por la situación de Vigo, donde el alcalde, con una "macromayoría", según ha criticado, "ni siquiera movió un papel" para elaborar un nuevo plan general.
Acerca de este asunto, Antón Sánchez (En Marea), ha lamentado que PSOE y PP "llegasen a un acuerdo para seguir en la misma línea" con la ordenación del territorio, en lugar de hacer "borrón y cuenta nueva".
En su opinión, según ha reiterado, en este campo "falta previsión" y "respeto" por las sentencias, además de haber "una escapada hacia adelante".
Sector forestal
También Olalla Rodil (Bloque) ha censurado estos cambios, así como otros que en total retocan 21 normas "por la puerta de atrás", con un procedimiento "que será legal pero es poco o nada transparente".
Rodil ha centrado buena parte de su intervención en el apartado forestal -por modificaciones en la ley de montes y en el sector de la biomasa-, al entender que el Ejecutivo autonómico "busca abrir la veda" y permitir "barra libre" en la plantación de eucaliptos 'nitens', en una estrategia que ha atribuido a la voluntad de favorecer "los intereses de Ence".
"Nuestros intereses son los de los ganaderos y las familias y personas que viven del rural", ha replicado Prado, antes de concluir que "si la gente de lo común pensara que el PP está más con los intereses de Ence y no de la gente que planta y tiene pequeñas plantaciones forestales no votaría mayoritariamente al PP".
En contra de subir impuestos
Asimismo, la popular ha negado "rodillo" al argumentar que de las 130 enmiendas de la oposición, 83 eran de supresión, otras cuatro pedían cosas "ilegales" y otras siete se confrontaban, según ha señalado, con acuerdos alcanzados con la Fegamp y los empleados públicos.
En lo relativo a estos últimos, ha defendido que el proceso de funcionarización previsto aspira a aportar mayor "estabilidad" a los trabajadores.
Por último, Prado ha expuesto que otras 15 enmiendas de la oposición estaban "íntimamente ligadas a materia impositiva", y ha rechazado "subirle a la gente los impuestos".