El abandono del pleno de Sarria por parte de los siete ediles del Partido Popular y los dos no adscritos, Benjamín Escontrela y Antón Fortes, para no votar sobre la creación de la plaza de tesorero habilitado nacional y así desbloquear los pagos de las nóminas de los empleados municipales y proveedores, permitió que la propuesta de la alcaldía fuera aprobada con los votos del equipo de gobierno y el edil de Independientes de Galicia, José Manuel Bello.
El punto sobre la creación de la plaza era el primero en el orden del día y el debate del mismo se prolongó durante más de dos horas y media en la que los concejales no cesaron de intercambiar amenazas sobre recurrir a la justicia.
La postura de los ediles no adscritos y el grupo popular quedó clara desde la primera intervención. Basaron su estrategia en duras manifestaciones sobre el secretario y la interventora, a los que acusaron de ser los únicos funcionarios de Galicia que realizaron informes en los que advertían que el funcionario que asumiera la responsabilidad de tesorería sin estar creada la plaza y sin contar con el rango de habilitado nacional podría incurrir en responsabilidades penales.
Las críticas de la oposición sobre la actuación de la alcaldesa, a la que curiosamente casi dejaron en un segundo plano para dedicar casi todos sus esfuerzos en descalificar la actuación de los funcionarios, se centraron esencialmente en que no había puesto los medios suficientes para crear la plaza antes de tener que recurrir a la suspensión de pagos.
La regidora, Pilar López, hizo una cronología sobre todos los pasos que había dado su gobierno para solucionar esa situación y acusó a la oposición de ser la única culpable de la suspensión de pagos al rechazar hasta en dos ocasiones la propuesta de la alcaldía de crear la plaza.
Los funcionarios también intervinieron en la sesión a petición de la alcaldesa, quien les preguntó si como afirmaba el PP era posible crear la plaza sin tener presupuestos. Secretario e interventora manifestaron con claridad que no era preciso contar con presupuestos para que el pleno aprobara crear la plaza.
La sesión también se caracterizó por las advertencias de ambos bandos de recurrir a la justicia. La alcaldesa dijo que en el caso de que los pagos continuaran bloqueados recurriría a la vía judicial para exigir responsabilidades patrimoniales a los ediles que votaran en contra de crear la plaza. Por su parte, desde el PP también dijeron que irían a los tribunales si trabajadores y proveedores no cobraban en los próximos días.
En la sesión no faltaron graves acusaciones hacia el gobierno como las de acusarles de "secuestro de dinero público" y de utilizar a los trabajadores y a la oposición "como rehenes", vertidas por José Antonio García.