Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obliga a la Xunta a nombrar funcionaria del grupo A1 a una opositoraque había sido supendida por el tribunal de selección. El fallo, que dio a conocer el sindicato CSI-F, considera probada "una conjura del tribunal calificador con burla a las bases de la convocatoria". La resolución, que ya es firme, considera además "sangrante" la situación de la opositora.
El fallo se suma a otros tres anteriores del Tribunal Supremo y del TSXG donde también se reconocía la arbitrariedaden la actuación de los órganos de selección y la indefensión de los opositores.
Uno de los motivos de impugnación que alega el juez en su sentencia es que el tribunal calificador decidió que en la primera prueba de unas oposiciones a la Consellería de Facendaaprobasen solo 15 aspirantes para hacerlos coincidir con el número de plazas ofertadas. Sin embargo, en las bases de la convocatoria se establecía habría dos exámenes y que se sumarían las notas del primer y el segundo ejercicio para determinar los aprobados. "Por lo tanto se habría conculcado la base de la convocatoria", concluye el TSXG.
El fallo constata que hubo "un patente panorama indiciario de maquinación" y censura que el tribunal calificador "bien por inercia, por economía procedimental, ignorancia o error, optó por declarar tantos aprobados como plazas y con ellohurtó tanto la posibilidad de los restantes aspirantes de aprobar el segundo ejercicio, como su consiguiente derecho a que los finalmente aprobados resultasen de la valoración conjunta de ambas pruebas". Así, insiste en que se "fijó un número de aprobados que no estaba permitido".
Pero además el TSXG advierte que también"se vulneraron los criterios de calificación", puesto que los exámenes "aparecen sin corregir".
Por todas estas razones, el Tribunal Superior de Xustiza avala la pretensión de la demandante defigurar como aprobada en el segundo ejercicio de la oposicióny también en el proceso selectivo.
CSI-F tacha la situación de "esperpéntica" e insiste en la necesidad de crear "sin más demora" un observador de la legalidad en los procesos selectivos.