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Los abogados gallegos denuncian a Pilar de Lara ante el Poder Judicial

El Consello da Avogacía acusa a la juez de vulnerar el secreto profesional durante el registro de un despacho coruñés.

Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. | EFE

Nuevo varapalo para la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. El Consello da Avogacia de Galicia, el órgano que aglutina a todos los abogados de la Comunidad gallega, ha denunciado a Pilar de Lara ante el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades.

Según el escrito remitido al máximo organismo judicial, la juez pudo vulnerar el secreto profesional durante el registro del despacho coruñés de uno de los imputados en una de las causas que instruye. Del mismo, apunta la denuncia, se llevó datos y documentos sin relación con el caso, lo que para el Consello da Avogacía representa "un hecho intolerable e incompatible con el Estado de derecho", por lo que exige que se tomen medidas contra ella.

La denuncia, presentada por el letrado que sufrió los daños, indica que los agentes enviados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo no se llevaron únicamente la documentación de su cliente, sino también "los correos con otros abogados y con funcionarios, e incluso los de índole personal, ajenos todos ellos a los hechos; por lo que debemos rechazar y reprobar esta actuación judicial" que podría vulnerar los datos personales de muchas personas privadas ajenas al caso, reza el comunicado remitido por el colegio coruñés y suscrito por el resto de colegios gallegos.

Operación Cebra

La juez ordenó el registro del despacho de Carlos Seoane el 6 de octubre de 2016, dentro de la conocida como operación Cebra. Esta investigación tiene como objetivo principal del exalcalde de Ribadumia y figura del PP en Pontevedra José Ramón Barral, conocido como Nené Barral.

Los delitos que investiga la magistrada están relacionados con el contrabando y el blanqueo de capitales. Barral ya había sido imputado en otro caso de contrabando en 2001, un asunto aún sin juzgar, y en 2016 fue condenado a un año por dos delitos fiscales, por los que pagó además 700.000 euros.

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