El consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobó este jueves continuar en enero con el proceso de subasta del hotel Finisterre y la Solana, una puja que se había paralizado hace seis meses a petición del gobierno local, que entonces había ofrecido 1,4 millones -el valor de tasación y precio mínimo de salida- por la Solana para hacerse solo con el complejo deportivo.
Entonces se le dio al Ayuntamiento un plazo de seis meses para concretar su oferta. Llegó el pasado 10 de noviembre, pero antes hubo otra, de la actual concesionaria, por 10 millones por el conjunto. Un mes antes de que llegase la propuesta municipal ya se había firmado un acuerdo entre el Puerto y la empresa, Río Mero, actual concesionaria, que concurrirá a la puja con 10 millones. El Puerto, que debe 300 millones por la obra del puerto exterior, recabó informes de la Abogacía del Estado, Hacienda y Puertos del Estado, todos ellos favorables a retomar la subasta para maximizar los ingresos. Los abogados estatales no consideraron que la documentación presentada por el gobierno local sea una oferta firme.
La intención del Puerto causó un hondo malestar en María Pita. El edil Xiao Varela considera que hacerse con la Solana como suelo municipal es "una demanda ciudadana lara". El concejal, que por la tarde votó en contra de continuar el procedimiento -es también consejero en la Autoridad Portuaria- anunció acciones legales porque, dijo, "lo que se quiere hacer es un acto contrario a otro que fue tomado por el mismo órgano", aludiendo a que aún no se cumplió el plazo dado para presentar la oferta municipal.
Acusó al Puerto de "especular" con el suelo público y recordó que nunca desde ese organismo se les dijo que hiciera falta más documentación que la presentada en su día. Además, la partida de 1,4 millones aparece reflejada para el 2017 en la propuesta de la Marea de presupuestos municipales, si bien estos todavía no se han aprobado. "Presentamos lo que había que presentar", dijo Varela.
La oferta económica de la empresa es siete veces más alta que la del Ayuntamiento y el Puerto necesita liquidez para pagar su deuda por Langosteira. "No vamos a abrir esa puerta ahora", dijo Varela sobre la posibilidad de que el consistorio mejorase su propuesta económica.
A las seis de la tarde, la hora a la que comenzaba el consejo de administración, se concentraban en la puerta de la Autoridad Portuaria varias decenas de personas -entre ellas el diputado de En Marea Antón Gómez Reino- convocadas por la Comisión en Defensa de Común para oponerse a la venta de los dos bienes.
Por otra parte, la Solana lleva más de un año con las obras de ampliación paralizadas. La empresa que lo gestiona presentó un modificado del proyecto, pero Varela no pone fecha para que se retomen las obras: "Se enviara a Patrimonio, que es quien tiene que dar la autorización", dijo.
Puerto exterior
Por su parte, el Puerto Exterior centró precisamente otros asuntos destacados en el orden del día del Consejo. Así, se dio luz verde a la concesión de Alcoa Inespal en Punta Langosteira, adonde trasladará sus tráficos de alúmina y coque, que hasta ahora viene operando en el muelle de Batería del puerto interior.
Alcoa construirá y gestionará una terminal con un circuito cerrado para la descarga de alúmina, con una superficie terrestre de 4.000 metros cuadrados y otros 1.900 metros cuadrados de lámina de agua para el atraque de buques. Se ubicará en el nuevo muelle de 300 metros de longitud que se ha construido este año en Langosteira.
El Consejo de Administración aprobó además la habilitación de la explanada anexa a este muelle, con una superficie de 24.300 metros cuadrados. Las obras fueron adjudicadas a Arias Infraestructuras por un importe de 1,63 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses y medio, e incluyen la pavimentación, alumbrado y dotación de redes de servicios. Por consiguiente, el próximo verano ya estará operativo este nuevo muelle, que se hace necesario dada la congestión que en ocasiones se produce en el muelle principal debido al incremento de la actividad. Asimismo, se aprobó una concesión administrativa a favor de R, para la instalación de los servicios de telecomunicaciones en el Puerto Exterior, y el impulso a una inversión de 2 millones de euros para habilitar las infraestructuras de agua potable y saneamiento.
Los consejeros dieron también su visto bueno al Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria para 2017, acordado con Puertos del Estado, en el que se incluyen inversiones por importe de 28 millones de euros. Las más relevantes son la construcción del nuevo edificio de control de accesos y dependencias auxiliares en el puerto interior; y, en Punta Langosteira, un nuevo muelle de 300 metros, habilitaciones de explanadas y el cierre perimetral.
Finalmente, el Consejo desestimó una reclamación de 1,4 millones de euros que presentó Copasa como certificación final de las obras del vial subterráneo del Parrote, al entender que no es procedente ni está justificada; y por el contrario sí aprobó una modificación en el presupuesto de gastos de la Autoridad Portuaria de 2016, debido al incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del Ayuntamiento de A Coruña.
Este año, el Ayuntamiento coruñés subió el tipo impositivo del IBI un 116% para la Autoridad Portuaria y las empresas instaladas en el Puerto, lo que supuso un incremento global cercano a un millón de euros, que ha afectado muy negativamente a las empresas concesionarias. Para la Autoridad Portuaria, la subida ha sido de 310.000 euros, de ahí la necesidad de modificar el presupuesto de gastos. Durante el Consejo, también se informó de que el Ayuntamiento aún tiene pendientes de pago 4,8 millones de euros correspondientes a las obras de la Marina y el Parrote, a pesar de que concluyeron hace un año.