La titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, ha citado a declarar al presidente de la Federación Gallega de Fútbol y expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán en calidad de investigado -antes imputado- por un delito de cohecho en el marco de la operación Cóndor.
Louzán acudirá a los juzgados de Lugo este jueves a las diez y media de la mañana para prestar declaración por estos hechos, por los que se investiga también a una veintena de personas, la mayoría procedentes de fuera de Galicia.
El principal investigado en esta causa es el propietario del grupo Monbus, Raúl López, imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales, aprovechamiento de información privilegiada, falsedad documental, delito contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
A Raúl López se le imputa, según el auto judicial, haber diseñado "un complejo entramado" en el que conseguía beneficiar a su compañía, "aprovechando sus relaciones a alto nivel político y empresarial".
De Lara ha decidido citar a Louzán después de que un informe del servicio de Vigilancia Aduanera concluyera que el actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol fue uno de los políticos y funcionarios de distintas administraciones que recibieron regalos navideños por parte del grupo Monbus, consistentes fundamentalmente en lotes de vino.
En el informe, al que ha tenido acceso Efe, Vigilancia Aduanera asegura que entre los años 2010 y 2013 recibió lotes de vinos por importe de 1.476,31 euros, entregados en el domicilio particular que el expresidente de la Diputación tiene en Ribadumia (Pontevedra). Además, el servicio dependiente de la Agencia Tributaria desvela que entre 2006 y 2015, bajo la presidencia de Louzán, la empresa Transportes La Unión, perteneciente al grupo Monbus, recibió de la Diputación de Pontevedra pagos que ascienden a 112.000 euros.
En el auto firmado por Pilar de Lara, la jueza concluye que este tipo de regalos, que califica como "moralmente sancionables", no alcanzan relevancia penal salvo en el caso de que superen los 400 euros, límite legal que fija para que merezca este "reproche penal".
La magistrada entiende que cualquier dádiva que exceda esa cantidad "va más allá de los usos sociales y de los valores habituales", así como de lo que pueda ser considerado como "regalo de mera cortesía", algo que puede tener capacidad de "turbar" la imparcialidad de los funcionarios y de las autoridades.