Bruselas detecta deficiencias en la gestión de aguas de Santiago, Vigo y Ribeira y pide multar a España
La CE plantea una sanción de 46,5 millones por irregularidades en 17 núcleos que suponen un "riesgo grave" para casi millón y medio de personas.
La Comisión Europea ha anunciado este jueves a que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por incumplir las normas en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales en 17 puntos urbanos del país -tres de ellos en Galicia- pese a existir una sentencia anterior que le obliga a ello, por lo que defenderá que se le imponga una multa de al menos 46,5 millones de euros.
"La falta de un nivel adecuado de recogida y tratamiento de las aguas residuales plantea riesgos significativos para la salud humana, las aguas interiores y el entorno marino", ha advertido el Ejecutivo comunitario al anunciar su decisión.
Son las autoridades autonómicas las que deben garantizar que las aguas residuales urbanas son "debidamente recogidas y tratadas", algo que sigue sin ocurrir en 17 ciudadanos o núcleos urbanizados en Andalucía, Asturias, Galicia, Valencia y Canarias, lo que plantea "riesgos graves" para 1.400.000 personas. Las ciudades o urbanizaciones infractoras señaladas por Bruselas son Vigo, Santiago de Compostela y Aguiño-Carreira-Ribeira en la Comunidad gallega, Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja, Barbate, Gijón este, Benicaró, Peñíscola, Teulada-Moreira, Valle Guerra noreste y Valle de Güímar, estas dos últimas en Canarias
La Comisión Europea ya llevó en el pasado a España ante el tribunal con sede en Luxemburgo por esta situación, y una sentencia de 2011 que falló en contra de las autoridades españolas ya apuntó deficiencias en 37 puntos urbanos del país, pese a que el plazo para aplicar la normativa expiró en diciembre de 2000.
"Cinco años más tarde, la cuestión sigue sin tener solución en 17 de esos lugares", ha criticado el Ejecutivo comunitario, que propone una sanción a tanto alzado de 46,5 millones de euros, más una multa diaria de 171.217 euros si se mantienen el incumplimiento.
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