La exalcaldesa de Melide Socorro Cea (BNG) ha alegado desconocer irregularidades y ha responsabilizado a la Xunta de haber certificado una obra, la depuradora del polígono de A Magdalena, que no llegó a realizarse. "En ningún momento hubo intención de mentir ni de falsear nada", ha asegurado durante la primera sesión del juicio la exregidora nacionalista, para quien la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y 11 de inhabilitación por un delito de falsedad documental y otro de prevaricación por certificar una obra sin hacer.
En el banquillo de los acusados también se han sentado el arquitecto del Ayuntamiento, R.A.R, que se enfrenta a cuatro años de prisión y tres de inhabilitación; así como el representante de la empresa adjudicataria de la obra, X.U.E., para quien la Fiscalía pide cinco años y medio de cárcel y tres años de inhabilitación.
En su escrito de acusación, el Ministerio público explica que tras firmar el contrato para la adjudicación definitiva de la obra, "por causas que no constan, las obras de la depuradora no se iniciaron". "Con el más basto desprecio al deber de fidelidad a la fe pública, el acusado R.A.R, en su calidad de director de la obra, emitió una certificación en la que falazmente se afirmaba que, en el periodo comprendido entre el 12/12/2009 y el 28/12/2009, se habían ejecutado obras por valor de 437.354,41 euros", señala.
La certificación fue firmada el 28 de diciembre por los tres acusados que, según la Fiscalía, "obraban siendo plenamente conscientes de que con ello coreaban un documento que no reflejaba la realidad" y cuya incorporación "resultaba necesaria para evitar la pérdida de la subvención que la Consellería de Innovación e Industria había concedido al Ayuntamiento" para la obra.
"Nunca me advirtieron"
En su declaración, la exalcaldesa ha responsabilizado a la Xunta porque "eran conocedores de que la obra no estaba terminada". Según ha dicho, fue la propia consellería quien le solicitó que presentase los documentos de finalización de la depuradora para "no perder el convenio" y no se agotase el plazo para recibir la ayuda pública.
Según ha comentado la procesada, la Xunta fue quien le habría solicitado que le "enviase toda documentación para salvar el convenio", asegurándole que "estuviésemos tranquilos porque era un trámite administrativo y que ellos sabían que la obra no estaba hecha", ha manifestado Cea. "Nunca me advirtieron que estuviese cometiendo una irregularidad, si me lo hubiesen dicho...", ha alegado la acusada, que ha insistido en que nadie en el Ayuntamiento le informó de que se estuviese cometiendo una irregularidad.
Más acusados
Por su parte, el arquitecto y director de obra, ante el tribunal, ha asegurado que en "ningún momento" sospechó que fuese una irregularidad lo que se estaba haciendo, aunque sí ha reconocido que le pareció "poco ortodoxo" el procedimiento a seguir. "En ningún momento fui consciente de estar cometiendo una irregularidad y nadie me advirtió", ha asegurado este procesado, quien alega que rubricó este documento porque le habían dicho que se hacía "por compromiso para poder continuar con la obra".
Por último, el representante de la empresa adjudicataria de la obra ha negado en todo momento haber firmado documentos relacionados con los hechos que le llevan a sentarse en el banquillo, limitándose así a negar su participación. El juicio continuará este jueves en la Audiencia Provincial de Coruña.