La Audiencia Nacional acaba de concretar el montante que deberán devolver los exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) por el escándalo de sus indemnizaciones millonarias del año 2011, cuando la entidad fue rescatada por el Estado (percibió más de 9.000 millones en ayudas), y ellos salieron de la dirección con unos jugosos pagos. Esas cantidades las había reclamado el Tribunal Supremo en un fallo del pasado mes de septiembre, ante un error judicial previo que impedía concretar esas cuantías.
Ahora, la Audiencia cumple con ese requerimiento del Tribunal Supremo y estima que dos de los condenados (aunque hubo 5) tendrán que poner un total de 10,4 millones de euros. En concreto, a José Luis Pego, que era director general, le corresponden 6,4 millones; y a Gregorio Gorriarán, que era el máximo responsable del área inmobiliaria, otros 3,9. La Audiencia deja en cambio exento de pagar a Óscar Rodríguez Estrada, también condenado, y que responderá solo como responsable civil subsidiario. Es la misma figura que rige para Julio Fernández Gayoso, expresidente; y el abogado Ricardo Pradas. A ninguno se les había reclamado cantidades, pese a la condena de dos años de cárcel por un delito de apropiación indebida.
A la vez, la Audiencia Nacional también anula las pólizas de aseguramiento para los tres primeros directivos citados, unas pólizas derivadas de sus mejoras de contratos en el año 2010.
Otra novedad de la sentencia, también obligada por el Tribunal Supremo, es el perceptor de esos millones. Se los llevará Abanca como sucesor universal de Novacaixagalicia, en lugar del FROB, como inicialmente se había fijado. Pese a esa novedad, en la práctica será el fondo público de rescate el que perciba el dinero porque en el acuerdo de venta de la entidad gallega a Banesco se suscribió una cláusula por la que cualquier cantidad ingresada por este concepto irá al FROB. De forma gráfica se podría decir que el banco recibirá el dinero en una cuenta, y posteriormente se lo mandará a ese organismo público estatal.
Nulidad de las pólizas aseguradoras
La Audiencia Nacional declara también la nulidad de las pólizas de aseguramiento que se establecen a favor de Pego Alonso, Rodríguez Estrada y Gorriarán a raíz de la modificación de dichos contratos, los cuáles en el momento de aprobarse ya se había iniciado el proceso de fusión bancaria y se habían reclamado 1.162 millones de euros al FROB para superar la situación de inviabilidad de las dos cajas que iban a fusionarse (Caixanova y Caixa Galicia).
"El criterio de este tribunal es el de acoger la mayor reparación del daño patrimonial a la entidad perjudicada", reza la sentencia en la que los magistrados vuelven a incidir en que la esencia de los contratos de alta dirección que modificaron en 2010 era la de percibir de la caja un complemento de pensión por jubilación que representaría el cien por cien de su último salario anual con carácter vitalicio.