Desde hace tiempo se viene hablando de la crisis que afecta a la marca país a causa del vendaval que ha desbordado su economía y, en muchos casos, su prestigio por las escandalosas prácticas ilícitas de políticos, empresarios y directivos.
La reestructuración de las cajas por la crisis ha propiciado la salida de muchos ejecutivos que, en algunos casos, se han ido con pensiones e indemnizaciones millonarias que han provocado sonados escándalos. Y ese retiro dorado al que se han acogido varios directivos ha levantado malestar en la opinión pública, sobre todo cuando estos personajes han dejado tras de sí entidades con graves problemas que han tenido que ser rescatadas con el dinero público. De ahí que el escándalo de las millonarias cifras cobradas haya llevado a un buen puñado de exdirectivos a sentarse en el banquillo como delincuentes.
La avaricia de la excúpula de Novacaixagalicia -se autoconcedieron una indemnización de 18,5 millones de euros, equivalente al 10% del valor que el Banco de España había otorgado a la entidad- ha propiciado un saqueo que tenía que ser castigado. Pero la sentencia de octubre de 2015 de la Audiencia Nacional, ahora ratificada por el Tribunal Supremo, se queda corta. De qué vale la devolución de lo llevado y una multa insignificante para estos mangantes si al final los dos años de condena a cárcel se lo van a pasar de rositas. Hay casos, como el de estos sinvergüenzas, en los que la Justicia debe dar ejemplo.