La Xunta cumplió en 2014 el límite de déficit permitido, pero sus cuentas encierran estrategias contables que desdibujan el desembolso real que acometió, usando el fondo de imprevistos como una forma de financiar gasto corriente, además de incurrir en "deficiencias" como posponer gastos que debieron computarse en ese ejercicio. Estas son algunas de las conclusiones de la fiscalización realizada por el Consello de Contas sobre los presupuestos autonómicos del citado año. Al Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo le afea recurrir a esta artimaña, "permitiendo alterar los límites fijados por la normativa" para transferir recursos a determinadas partidas. En el citado ejercicio, el fondo para imprevistos ascendía a 43,6 millones, pero la factura final rozó los 160. Además, desvió de su destino inicial 683,2 millones, 571 menos que en el año 2013.
En uno de los informes del órgano fiscalizador, en este caso referido a las encomiendas de gestión de 2013, y recogido por Europa Press, se recomienda, asimismo, "realizar una evaluación de las distintas alternativas posibles para la realización de la prestación a partir de datos sobre costes y dejar constancia de este análisis en una memoria económica de los expedientes".
De hecho, abunda en que "resulta necesario" constatar previamente a los encargos, y "documentarlo adecuadamente" en los expedientes, que la entidad encomendataria "cuenta con los medios suficientes para ejecutar por sí misma el encargo, sin necesidad de acudir de modo relevante a la subcontratación de terceros".
En este capítulo, Contas también sugiere a la Xunta que se "recoja expresamente" en la resolución de ordenación de encomienda o en sus pliegos reguladores la posibilidad de subcontratación, incluyendo la previsión de la necesidad de autorización expresa del encomendante y que ella se "limite a prestaciones accesorias del objeto del encargo".
Contas entiende también que hay que retribuir las prestaciones subcontratadas por los encomendatarios de acuerdo con el coste "real" del contrato celebrado con terceros. Además, a la vista del análisis de los datos, insta a la Xunta a exigir en la liquidación la justificación documental y detallada por los encomendatarios de los precios de determinados componentes de la prestación fijados en el presupuesto inicialmente “a tanto alzando” o “a justificar”.
177 encomiendas en 2013 y el 29,53% para Seaga
Del informe del Consello de Contas se desprende que los departamentos y entidades instrumentales de la Comunidad gallega formalizaron en el ejercicio 2013 un total de 177 encomiendas de contenido contractual por un importe de 70,66 millones, equivalente al 0,7% del gasto no financiero.
Concretamente, el departamento que celebró mayor número de encomiendas fue el de Medio Rural e do Mar, con un 50,5% del importe total. De ellas, 85 fueron formalizadas con ocho entidades dependientes de la Comunidad: una secretaría general, dos entidades públicas instrumentales, dos sociedades mercantiles y tres fundaciones autonómicas; mientras que las 92 restantes se hicieron con dos sociedades mercantiles estatales: Tragsa y Tragsatec.
Y dentro del sector público autonómico, la empresa Servizos Agrarios Galegos S.A. (Seaga), encargada de las labores contra los incendios forestales, acumula el 29,53% del importe total de las encomiendas.
Precisamente, el juzgado de lo Social número 3 de Ourense ha condenado a Seaga a abonar 13.300 euros a un total de 36 brigadistas por horas extra y nocturnas realizadas en 2013 y 2014 que no fueron pagadas. Así, en sendos fallos del 30 de junio, la jueza da la razón a peones, peones especialistas y jefes de brigada indefinidos discontinuos en su demanda contra Seaga al no haberles retribuido las horas trabajadas a las que tienen derecho en base a lo recogido en el V convenio colectivo de la Xunta.
Este pronunciamiento judicial llegó después de que, a finales de junio, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declarase el derecho del personal con contrato indefinido discontinuo de Seaga a que sus periodos de actividad coincidan, cuanto menos, con los periodos en los cuales se encuentre vigente la orden de encomienda suscrita por la empresa con la Xunta.
Seaga retrasó en 2015 los llamamientos del personal durante 20 días y adelantó la finalización de los contratos en 15 días, por lo que en total privó del derecho a trabajar y a cotizar un total de 35 días a los más de 500 operarios de la empresa, según la sentencia. Por este motivo, se estima que la Xunta deberá indemnizar con un millón de euros a los trabajadores de la compañía pública.
“Las encomiendas con entidades estatales”
Por otro lado, el informe de Contas apunta que "el relevante peso de las encomiendas formalizadas con las entidades de ámbito estatal impide visualizar la utilización de esta figura como instrumento de articulación de los principios de cooperación, colaboración y asistencia recíproca en el ámbito interno del sector público autonómico e incluso también el principio de autoprovisión de bienes y servicios dentro del sector público como justificación para su utilización".
Según el informe, sólo una de las diez entidades que recibieron encomiendas en 2013 -Ifeco- "no cumplía con el requisito de que sus estatutos le reconozcan de forma expresa la condición de medio propio y servicio técnico de la Comunidad gallego.
Sobre las encomiendas analizadas, las entidades encomendatarias subcontrataron "más del 50% de la prestación", lo que "puede cuestionar su idoneidad para llevar a cabo la prestación objeto de la encomienda". Por su parte, en tres encomiendas, el cometido del encargo "no resulta plenamente encajable en el objeto social de las entidades encomendatarias ni en su área de especialización funcional".