La juez que instruye el caso del supuesto enchufe de la cuñada de la teniente de alcalde vigués, Carmela Silva, ha decidido sobreseer parcialmente la causa respecto a Vanesa Falque Barrral, la allegada de la dirigente socialista, al aceptar el recurso de su defensa que argumentaba que la imputación de un delito de supuesto tráfico de influencias ya ha prescrito al transcurrir más de tres años desde su contratación.
La magistrada señala en un auto que el primer contrato de la cuñada de Silva se llevó a cabo en junio del 2008 y su contratación estable en una concesionaria municipal se hizo ese mismo mes, manteniéndose en vigor la relación laboral hasta el 2013. Antes de archivar provisionalmente las imputaciones a Falque Barral, la jueza indica que "no se comparte el parecer (de su defensa) de que no existían frente a la investigada indicios que justificasen la incoación de la causa contra la misma". Es más, la jueza dice sobre el supuesto tráfico de influencias que "sería una pretensión sencillamente ilusoria" para "cualquier otra persona anónima, carente de las relaciones que en este caso sí tenía la investigada por su parentesco con la entonces teniente de alcalde del Concello de Vigo, el acceder a un contrato de trabajo de cinco años de duración, cobrando puntualmente su nómina, en una empresa que no necesitaba de sus servicios y bajo los auspicios del propio Concello de Vigo".
Sin embargo, la magistrada expone en su auto que aunque se diese el delito por cometido "a falta de otros elementos que pudieran indicar otra cosa" este habría prescrito a los tres años de la entrada de la investigada en la concesionaria, es decir en junio del 2011 ya.
En otro auto recién emitido, la jueza elimina la imputación sobre uno de los integrantes de la empresa Imesapi, pero mantiene las imputaciones contra su responsable, Ramón Comesaña, no cambiando tampoco la situación procesal del edil socialista Santos Héctor Rodríguez, ni contra el jefe de área municipal, Francisco Gutiérrez Orue. La jueza añade que tiene "indicios fundados" de que los trabajos encargados por el ayuntamiento de Vigo a la empresa Imesapi y que motivaron la contratación de la familiar de Carmela Silva, no se llegaron a realizar, aunque sí fueron facturados por valor de 128.582,79 euros. "Lo factura y cobra", recalca la jueza, apuntando a un posible delito de falsedad documental, como ella misma indica en su escrito.