La viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, y los otros tres investigados en una causa abierta por supuestas irregularidades se enfrentan a penas de entre tres y seis años de cárcel por un supuesto delito de malversación de fondos públicos en la fundación que homenajea al Nobel, lo que los sentará en el banquillo de los acusados, a falta de que se fije fecha, en un juicio con jurado popular. Aunque el abogado de Lola Ramos, la vecina de Iria Flavia, en Padrón, que impulsó la investigación, considera que "todavía es pronto para determinar la pena concreta", si señala que el Código Penal establece una penalidad (si resultan culpables) de entre tres y seis años de prisión, además de entre seis y diez años de inhabilitación.
El auto del cierre de la instrucción conocido este lunes considera, según la titular del Juzgado número 2 de Padrón, Paula Ventosa, que del estudio de la investigación y la toma de declaraciones "resultan indicios suficientes de la participación de los investigados" en un posible caso de "malversación" en el despido de Tomás Cavana, el antiguo gerente, con un despido "simulado" por el que recibiría 150.000 euros.
En declaraciones a Europa Press, el abogado de la vecina, Xosemaría Rodríguez, ha calificado de "positivo" el auto que ratifica la apertura de juicio oral con tribunal de jurado y ve “ratificado” lo que acusación y Fiscalía venían defendiendo desde el inicio de la causa. “Desde que pusimos los hechos en conocimiento de la Fiscalía, advertíamos la existencia de unos indicios claros de criminalidad contra los imputados, la presidenta de la Fundación y su gerente”, apuntó Rodríguez, en referencia a Marina Castaño y Tomás Cavanna. Ya en la investigación, como recuerda, se observó también la “participación” de otras dos personas que han resultado finalmente investigadas, el exconselleiro de Fraga Dositeo Rodríguez y su hija, Covadonga Rodríguez, quien sustituyó a Cavanna en la gerencia de la fundación.
Xosemaría Rodríguez destaca que el juzgado "también validó las posiciones" de la acusación, al acordar que los delitos se juzgasen por un jurado popular, decisión que también había sido recurrida por los investigados pero que, sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña ratificó. El abogado de Lola Ramos recuerda que su cliente “lleva años tratando de demostrar las irregularidades y los posibles delitos cometidos en la sede de la fundación”, una actuación que emprendió en solitario y que ha dado sus frutos al ponerlo en manos de los abogados. “Ahora está feliz al confirmarse que ella tenía razón en sus sospechas, de la misma forma que como abogado me siento satisfecho, primero, por el trabajo hecho, y segundo, por entender que de alguna forma estás ayudando a que se haga justicia, con independencia de que las personas encausadas sean social o políticamente relevantes”, indicó.
El letrado está "sorprendido" por el papel de la Xunta, que ahora es el patrono mayoritario y que tuvo que hacer una inyección de dinero público para rescatar la Fundación Camilo José Cela. “El papel tanto de la Xunta como de la propia Fundación nos sorprende por ser inexistente. Semeja no haber preocupación alguna por el uso hecho con el dinero público y eso es algo alarmante”, apunta, con la esperanza de que ahora, una vez conocido este auto de la Audiencia Provincial de A Coruña, “al menos, empiecen a interesarse por el devenir del proceso y traten de recuperar las cantidades ilegalmente detraídas del erario”.