Los empleados públicos cobrarán este año, de media, unos 180 euros correspondientes al complemento específico devengado de la primera paga extra de 2013. Además, desde 2017 –un año antes de lo inicialmente comprometido-, recuperarán el pago del complemento específico en sus pagas extras, lo que, siempre hablando de medias, supondrá unos 1.080 euros anuales por trabajador -fraccionados en dos pagos: junio y diciembre-.
Para la Administración autonómica, mientras, estas dos medidas significarán un desembolso de unos 25 millones de euros en 2016 y unos 149 millones al año desde el ejercicio que viene. La Consellería de Facenda ha acordado estas dos medidas este jueves con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. Al margen queda la CIG, que fue la que con mayor intensidad promovió la vía judicial a la vista de la negativa de la Xunta a devolver la parte devengada de 2013.
Al respecto, el titular del departamento, Valeriano Martínez, ha argumentado que se hace ahora, a las puertas de dos citas electorales, porque ya está "clarificado un escenario jurídico que en su momento fue controvertido". Martínez ha expuesto que "había un gran bloque" -de fallos a favor de los demandantes y en contra de la Xunta- que afectaba al personal laboral, pero "no así al funcionario en términos generales".
Preguntado el titular de Facenda por si la consellería ha cuantificado lo que ha gastado en litigar en contra de las sentencias que daban la razón a los empleados públicos, ha afirmado que no tiene "ningún tipo de estimación" en este ámbito. Este comportamiento fue tildado de "obstaculización" a la justicia por parte de la central nacionalista CIG, que cifró el coste para las arcas públicas en unos 20 millones de euros.
En agosto o en septiembre
Cuestionado el responsable de las cuentas autonómicas por la fecha concreta en que los empleados públicos cobrarán esos 180 euros que, de media, les corresponden por la parte devengada de 2013 -el recorte de la extra se decidió en marzo, cuando entraron en vigor los presupuestos ese año-, ha dicho que "lo normal" sería "en el entorno de agosto, septiembre".
Para ello, el Gobierno gallego quiere aprobar una ley "urgente" en el Parlamento -quedan tres plenos en este periodo de sesiones-, que, además, permitirá incorporar otros dos aspectos que recoge el acuerdo alcanzado esta jornada.
Universalización
El primero de ellos se refiere a la "universalización" de los efectos. Valeriano Martínez ha explicado que "ya estarán contemplados todos los colectivos de empleados públicos", en alusión a funcionarios, personal laboral, personal estatutario del ámbito sanitario, personal docente en la enseñanza y personal de justicia.
En este sentido, ha añadido, el acuerdo "permite extender los efectos a la enseñanza universitaria y a las personas que trabajan en la enseñanza concertada que tienen correlacionadas sus retribuciones con los empleados públicos en su ámbito correspondiente".
El segundo de los puntos es el que tiene que ver con la declaración de la renta. "Queda superado un tema que presentaba obstáculos, que consiste en la no presentación de declaraciones complementarias del IRPF de 2013", ha destacado Martínez.
Recursos judiciales
A mayores, ha valorado que "queda superada esa fase de recurso a nivel judicial". "Lo normal -ha razonado- será que los recursos, que alguno de ellos está en marcha, puedan ser tranquilamente abandonados, porque no traen causa ya". "Supone una facilitación para los empleados públicos", ha apostillado.
El responsable de Facenda ha agradecido el "esfuerzo" a los empleados públicos y ha reivindicado unas "relacione sindicales en el ámbito de la normalidad" que redundan, según ha incidido, en unos "beneficios muy claros" con este "importante acuerdo".