La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo, Pilar de Lara, ha pedido a la Fiscalía que "informe sobre la declaración de complejidad" del caso Garañón, con lo que ganaría tiempo para llevar a cabo la instrucción.
En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la instructora argumenta la complejidad de la causa en base tanto al número de investigados como a la tipología delictiva y a las tareas de investigación encomendadas a la Guardia Civil, "que implican la revisión de diversa documental administrativa".
Se trata de un paso obligatorio tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que marca que las investigaciones no deben dilatarse más allá de seis meses salvo que se considere que los asuntos tienen una complicación especial.
Para estos casos, el marco temporal alcanza los 18 meses e incluso prevé la concesión de una prórroga hasta un máximo de otros 18 meses.
Caso Garañón
En otra providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, reclama a la empresa que redactó el planeamiento de Lugo información sobre los motivos por los cuales se acordó reducir la edificabilidad del solar de Telefónica, ubicado junto al sanatorio García Portela.
La "actitud obstruccionista" que observa en el Instituto Nacional de Estadística (INE), que adquirió este edificio, ha derivado en la citación en calidad de investigadas tanto de la secretaria general del organismo público, Natividad Domínguez, como de una jefa de área, Pilar Rocasalbas.
Ambas deberán prestar declaración en los juzgados de Lugo el próximo 19 de mayo a partir de las 10,30 horas por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación.
En el citado escrito pone de manifiesto De Lara que el INE le "ha ocultado información relevante" que posteriormente le ha facilitado el Ministerio de Hacienda y la Subdirección de Patrimonio del Estado.
Solar de Telefónica
En cuanto al solar, a instancias de Inversiones Malleo -empresa personada en el caso-, la jueza pide conocer la identidad de todas las personas de la empresa redactora del PGOM cuyo trabajo guardó relación con esa parcela y las fechas en las que se decidió reducir su edificabilidad y destinarla a dotación privada, además de los motivos.
En paralelo, requiere toda la documentación sobre ese terreno, incluyendo el proyecto inicial y sus sucesivas modificaciones y las instrucciones recibidas por parte del ayuntamiento.
Inversiones Malleo mantiene una reclamación por responsabilidad patrimonial con el Ayuntamiento de Lugo por la vía contencioso-administrativa, toda vez que el PGOM aprobado en 2012 "mermó de forma casi total los usos y edificabilidad" de la referida parcela.