La investigación de la Guardia Civil sobre la actividad del clan de los Morones en mercadillos de la provincia de Pontevedra señala que los vendedores ambulantes eran coaccionados para formar parte de una cooperativa a la que debían de abonar 150 euros mensuales. Supuestamente, estas cantidades eran para afrontar los gastos derivados de las tasas que había que pagar en los ayuntamientos y las altas en la Seguridad Social. Sin embargo, según las denuncias, parte de ese dinero no se dedicaba a estos fines. Comerciantes descubrieron que estaban trabajando sin cotizar a la Seguridad Social a pesar de abonar puntualmente los pagos. De ahí que, entre otros delitos, la Guardia Civil investigue a los once detenidos de la redada del pasado martes en Tomiño, por presuntos ilícitos contra la Seguridad Social y blanqueo de capitales. Las pesquisas señalan que la cooperativa estaba controlada por el clan de los Morones, aunque ellos no eran quienes cobraban el dinero directamente, cuestión que se hacía a través de terceras personas, según manifestaron fuentes cercanas al caso.
Temor a represalias
Mientras tanto, el temor a represalias cunde en el otro bando, el de los gitanos zamoranos, asentados mayoritariamente en el polígono de viviendas de Torneiros, en O Porriño. Este miércoles tocaba instalar puestos en el mercadillo de Tomiño. Sin embargo, las víctimas de las supuestas extorsiones prefirieron ayer quedarse en casa. Los detenidos podrían quedar libres tras su comparecencia de hoy en los juzgados y hay temor a que busquen ajustes de cuentas.
El detonante fue la oposición de los zamoranos hace dos años a secundar una huelga que había convocado la cooperativa para presionar al Concello de Tui para que reabriera un mercadillo que se celebraba los domingos cerca de la frontera con Portugal. Los gitanos zamoranos se mostraron en contra de secundar esta protesta porque querían trabajar. Desde aquel momento se agudizó la crisis y la cooperativa fue perdiendo fuerza. Los Morones los castigaron con el destierro y solo un acuerdo en la Fiscalía permitió que regresaran meses después.