Es curioso como los gobernantes locales estiran el cuello cuando Aena facilita datos positivos de los aeropuertos, pero lo esconden como el avestruz cuando señalan pérdidas millonarias.
Hace años que la Comisión Nacional de la Competencia ha puesto blanco sobre negro a las subvenciones por parte de comunidades y ayuntamientos a las compañías aéreas para que operen en sus aeropuertos. Pero al final nada se hizo; eso sí, siguieron invirtiendo cientos de millones de los contribuyentes.
La cuestión no es tanto si estos acuerdos pueden atentar contra la competencia, sino si esas subvenciones están justificadas en un momento como el actual en el que el estado de las cuentas de los ayuntamientos es más que precario.
Si los convenios para prestar un servicio desde un aeropuerto se han firmado tras un proceso de concurrencia y transparencia no deberían suponer mayor problema. Sin embargo, es cuestionable que los ayuntamientos mantengan subvenciones a la operación de determinadas líneas desde los aeropuertos, cuando existen otras alternativas para el transporte de los viajeros.
El estado crítico de los ayuntamientos exige el replanteamiento de determinados gastos para mantener un servicio a los ciudadanos que ya no se sostiene.
Se ha demostrado que por falta de coordinación comercial, entre otras, mantener tres aeropuertos en Galicia es un modelo ruinoso desde el punto de vista económico. La existencia de otras infraestructuras debe alentar a los municipios a ahorrar dinero en subvenciones para dedicarlos a otras prioridades, que son muchas. Pero los aeropuertos siguen siendo un "negocio" político.