Las declaraciones de los perjudicados de la secta de los miguelianos de Oia están corroborando la investigación policial, es decir, los supuestos abusos a los que el líder, Miguel Rosendo, sometía a los miembros de su núcleo duro. Así lo ha explicado esta mañana la abogada de las familias, Ana Reguera, al término de la primera declaración prestada esta mañana por una mujer en los juzgados de Tui. "No se puede entrar en detalles respecto al contenido, porque es muy íntimo y personal, pero ha ratificado su declaración prestada en fases anteriores", ha contestado este miércoles a preguntas de los periodistas congregados en la entrada de los juzgados. “Está afectada por tener que recordar detalles que no le apetecen, pero se ha mantenido en su línea y ha estado muy fuerte”, añadió la letrada.
Ana Reguera ha confirmado que las víctimas de la secta están recibiendo apoyo psicológico para poder reconstruir sus vidas. «Es una situación tremenda la que están viviendo y necesitan salir adelante y que alguien les ayude a recuperar una vida normal», ha explicado. Está previsto que a lo largo de la mañana de hoy declare otra persona afectada por la influencia que ejercía Miguel Rosendo en la casa madre de Oia, donde presuntamente abusaba sexualmente de sus principales colaboradoras a las que llamaba bastones y que se alojaban en una sala anexa a su despacho.
Todavía hay personas que siguen bajo la influencia de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel. La abogada Ana Reguera ha manifestado que las familias que viven el aislamiento no luchan contra sus hijas, sino que las apoyan y están convencidos de que siguen sin tener una libertad total. "Hay una comunicación limitada con ellas, no se sabe si en un futuro conseguirán hablar con ellas, explicarles que ellos actúan por su bien, porque consideran que no tienen libertad de decisión, pero en televisión no se deben resolver estas relaciones", ha explicado esta mañana la abogada.
Con las dos declaraciones prestadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Tui finaliza la ronda de esta semana. Hasta el mes de junio está previsto que declaren 21 personas, todas ellas afectadas por la antigua asociación pública de fieles que gozaba de la máxima confianza del obispado de la diócesis de Tui-Vigo, que llegó a cederles un convento en Nigrán.