El Concello de Pontevedra ha aprobado este martes presentar un requerimiento previo ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la anulación de la prórroga concedida por el Gobierno en funciones a Ence para mantener su actividad en la ría hasta 2073.
El gobierno municipal recurre a catorce argumentos legales para oponerse a esta prórroga que, según el concejal Luis Bará, "da satisfacción" a los intereses de una empresa privada por encima de los del resto de la población de Pontevedra.
En el informe presentado, el Concello asegura que hay "defectos" en el procedimiento administrativo que concluyó con la concesión de la prórroga a Ence y que estos son "determinantes" de cara a su nulidad.
Entre otras cuestiones, denuncia que se le denegó una copia del expediente, que Medio Ambiente no solicitó el preceptivo informe municipal, que no se sometió a exposición pública ni se publicitó en los diarios oficiales "a pesar de afectar a una pluralidad indeterminada" de posibles interesados o que no se respondieron las alegaciones presentadas.
Además, el Concello sostiene que el Gobierno "excedió" las atribuciones que la ley permite a un ejecutivo en funciones y que la prórroga incumple el artículo 32 de la Ley de Costas, que recoge que este tipo de permisos tan solo pueden afectar a instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación; mientras que Ence "sí se puede trasladar".
La prórroga iría en contra, según el Concello, de las directivas europeas de libre competencia, al recordar que los dueños de Ence pagaron por la empresa al Estado un precio inferior al establecido al tener que abandonar Lourizán en 2018.
"Esta ampliación provocaría un enriquecimiento desproporcionado a la empresa y la consiguiente reducción de ingresos a la Hacienda pública", señala el Concello.
Esta concesión para un complejo fabril "nocivo y contaminante" resulta "lesiva" para la conservación de la ría de Pontevedra, continúa el escrito, y "obstaculiza" el uso público del mar y de su ribera "dificultando" la regeneración y reposición de los terrenos a su estado natural, "agravando el atentado paisajístico y medio ambiental" que supone la fábrica.
Medio Ambiente tendrá ahora un plazo de un mes para responder a este requerimiento.
En caso de contestar negativamente o no hacerlo por silencio administrativo, el Concello de Pontevedra tendrá dos meses para presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional.