El PSOE de Lugo ha vuelto a cargar este jueves contra Pilar de Lara, la juez que está investigando al líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, por una decena de delitos en las operaciones Pulpo y Garañón, tras subrayar que ambos casos parten de decisiones tomadas por el PP sin que este partido se haya visto salpicado. Al hilo de ello, ha advertido de que "está instalada la percepción de que no hay separación entre el poder judicial y el poder político".
Lo ha dicho en una multitudinaria rueda de prensa el portavoz del PSOE en la Diputación de Lugo, Álvaro Santos, quien, comenzando por la operación Pulpo, ha sostenido que "el desarrollo de los hechos beneficia al PP". "Lo digo clara y rotundamente: sí, con intencionalidad o sin ella, pero sí que le beneficia", ha sentenciado.
En este sentido, ha puesto de manifiesto que se ha colocado "una losa de dudas" sobre la Diputación de Lugo utilizando para ello datos "no muy claros, no muy rigurosos y no muy escrupulosos". Ha aludido así al contenido de los últimos autos de Pilar de Lara, que mencionan viajes a distintas partes del mundo para el personal de la institución provincial que fueron "subvencionados" por el gobierno que lideraba Francisco Cacharro Pardo y, posteriormente, "suprimidos" por el equipo de Besteiro.
De igual modo, en lo que atañe al programa de gasto social, ha señalado que fue aprobado por el gobierno provincial del PP en 1991 y ha agregado que sigue vigente, "como en cualquier otra administración pública de España" -incluido "el Ministerio de Justicia"-, aunque "con modificaciones".
Para explicar esta afirmación, ha exhibido datos que certifican que en 2006, último año antes del ascenso de Besteiro a la Presidencia, la cuantía de esta iniciativa superaba 1,3 millones de euros; mientras que en 2014, un año antes de que el actual líder socialista renunciase al cargo, se situaba en 620.000 euros. Dicho esto, ha deslizado que los escasos meses de Elena Candia (PP) al frente de la Diputación tras las elecciones de mayo de 2015 sirvieron para incrementar ese presupuesto: "la ayuda para gafas pasó de 350 a 500 euros", ha ejemplificado.
Programa ‘Km0’
En cuanto al programa 'Km0', también analizado en la operación Pulpo, ha lamentado que "se ponga en duda su legalidad" cuando estaba financiado con fondos comunitarios, que están "sometidos a rigurosos controles" y "todos ellos" se superaron "con nota". "La Diputación de Lugo siempre ha actuado conforme a la legalidad", ha aseverado.
Como prueba de ello, ha esgrimido una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de Lugo que, a instancias de otra empresa que se presentó a concurso, avaló la adjudicación del contrato de transporte a una de las compañías del Grupo Monbus, propiedad de Raúl López -también investigado en este caso-.
Cosas "queda nada tienen que ver"
Explicado esto, Santos ha recordado que la operación Pulpo comenzó en 2013 "tras una denuncia por un supuesto caso de acoso laboral", de modo que ha cuestionado que "los avances en este asunto" -que "no está resuelto"- hayan llevado "a la imputación del expresidente de la Diputación" por asuntos "que nada tienen que ver".
Máxime, ha abundado, cuando ningún cargo del PP está siendo investigado ni por el citado programa de ayudas sociales para el personal de la Diputación ni por los viajes. "Pero sí se utilizan para imputárselos a un gobierno posterior", ha reprobado.
"Tiene mucha similitud con lo que pasa en el Garañón", ha relacionado así ambos casos: "Se le imputan una serie de delitos a Besteiro sobre una obra en la que no se habla del PP".
Se ha referido a que fue un alcalde del PP quien aprobó el planeamiento urbanístico que permitía edificar en las inmediaciones del parque Rosalía de Castro "no sólo el Garañón, sino un Garañón más grande", según sus palabras. "Aquí se investiga a quien, con su gestión, redujo la edificabilidad y racionalizó el urbanismo en esa zona y no se investiga a aquellos que se cargaban las cuestas del parque directamente", ha acusado.
¿Imparcialidad?
Así las cosas, ha indicado que, "como ciudadano", le es difícil creer en la "imparcialidad" de la Justicia. "No es habitual que una denuncia de acoso laboral entre dos funcionarios, que no se resuelve, dé pie a ir abriendo y abriendo hasta hacer una macrocausa", ha opinado, y ha llegado a preguntarse si "no suena a investigación prospectiva" -algo prohibido por ley- tras admitir su "ignorancia en asuntos jurídicos".
De igual forma, se ha preguntado por qué si, en el transcurso de la investigación, la jueza Pilar de Lara -a quien nunca nombró directamente- detectó "indicios de otros delitos", no los separó del otro caso y los envió a reparto para su investigación. "Porque nada tiene que ver el acoso laboral con la corrupción o el fraude de subvenciones", ha argumentado el socialista.
Por último, a preguntas de los periodistas, también ha puesto en cuestión que a la jueza le suene "raro" que el ordenador de la directora de Comunicación tenga "datos de contratos", cuando de ellos se enviaban comunicados a los medios, y ha dicho no entender cómo se deduce de eso la existencia de "una contabilidad b".